La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común brindará mayores poderes a la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. Tal y como consta en el anteproyecto de ley, el Ministerio de Presidencia -o lo que es lo mismo la vicepresidencia- tendrá que emitir un análisis previo de cualquier ley o reglamento que esté en proceso de elaboración, lo que según la interpretación de diversas fuentes representa una nueva victoria para Sáenz de Santamaría y el clan de los sorayos, el grupo de altos funcionarios que opera bajo la égida de la vicepresidenta.
Hasta hace no mucho, cualquier legislación tan sólo precisaba de dos informes para que iniciase su andadura: por un lado, un estudio preceptivo de la Secretaria General del Ministerio de turno que preparase la propuesta. Y por otro, un dictamen del departamento de Administraciones Públicas en el que se revisaba todo lo que pudiese afectar a la organización administrativa, el régimen de personal o la inspección de los servicios.
Con motivo de la crisis soberana y las dudas sobre las cuentas públicas españolas, a estos dos análisis se sumó un tercer control. En virtud de la Ley de Estabilidad Financiera, Hacienda tiene que dar su visto bueno a cualquier ley que tenga un impacto sobre el déficit, un hecho que ha convertido a Montoro en una especie de vicepresidente segundo de facto porque cualquier desembolso de fondos públicos tiene que pasar sí o sí por él.
Este nuevo procedimiento ha molestado dentro de los Ministerios, hasta el punto de que varios subsecretarios y secretarios de Estado se quejaron a la vicepresidenta
Pues bien, ahora la nueva redacción de la Ley de Procedimiento Administrativo Común añade un nuevo informe competencia exclusiva del Ministerio de Presidencia. En él se examinarán numerosos aspectos de cualquier norma con rango de ley o reglamento, desde su calidad técnica a la congruencia con el resto del ordenamiento jurídico, la necesidad de derogar otras leyes, la memoria de impacto, la reducción de cargas administrativas o las extralimitaciones de la norma respecto al contenido que pide la UE que se aplique al derecho interno.
Aunque en principio sea una iniciativa destinada a mejorar la redacción de las leyes, las materias que toca son muy amplias. Y diversas fuentes señalan el poder que esta medida otorga a Sáenz de Santamaría. En definitiva, apuntan que habrá que hacer mucho caso a todas y cada una de las recomendaciones que elabore vicepresidencia por el peso que conllevan.
Es más, este nuevo procedimiento ha molestado a más de uno dentro de los Ministerios, pues ven como les vigilarán hasta el más mínimo detalle. “Es como decir que no haces bien tu trabajo”, comentan. Y no falta por supuesto quien añade la interpretación política: “Se trata de un paso más de la vice para hacerse con nuevas cotas de poder. Ella ya preside la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios y por lo tanto tiene mucho control sobre lo que va al Consejo de Ministros. Pero no se conforma con el libro negro previo al Consejo de Ministros. Ahora va a poder dirigir la producción normativa desde el principio y el presidente se lo permite. Aunque quedan pocas normas que preparar antes de las elecciones, lo ha dejado bien atado por si hay una segunda legislatura”, sostiene una fuente.
Otras fuentes destacan el arduo trabajo realizado para mejorar la calidad normativa y evitar cargas administrativas innecesarias
No en vano, diversas fuentes relatan una reunión con Sáenz de Santamaría en la que varios subsecretarios y secretarios de Estado protestaron. Se quejaron abiertamente de la pinza a la que les sometían entre Hacienda y Vicepresidencia. El tono de la discusión se elevó, hasta el punto de que Sáenz de Santamaría incluso mandó callar a alguno a cuento de este espinoso asunto.
Otras fuentes en cambio le restan peso a este debate y hacen hincapié en el ingente esfuerzo que se está llevando a cabo para modernizar la Administración y mejorar la calidad normativa, una iniciativa encabezada por los subsecretarios de Presidencia y Hacienda, Jaime Pérez Renovales y Pilar Platero. Por ejemplo, a partir de ahora antes de elaborar cualquier ley se redactará un primer informe abierto a consulta pública en el que se especificará qué se quiere hacer y cuáles son los problemas que se quieren solventar. Además de la citada revisión a priori de cualquier texto legal, habrá una evaluación 'ex post' de las leyes en la que se valorará cómo ha evolucionado su aplicación. Entre otras cosas, se estudiará si una ley arremete contra la unidad de mercado o si conlleva cargas administrativas innecesarias.
Para dotar de previsibilidad a todo el proceso legislativo, el Gobierno también tendrá que confeccionar un plan anual normativo, en el que recogerán todas las leyes que pretenda poner en marcha. Y con el fin de evitar eso de tener que mirar un fin de semana sí y otro también el BOE, todas las normas relativas a empresas sólo se publicarán -y por lo tanto entrarán en vigor- en dos fechas al año, una en enero y otra en junio.
