Parece que la ‘austeridad salarial’ también ha llegado a la política. Los dos ejemplos más recientes son Castilla La Mancha, cuyos diputados verán su salario considerablemente reducido, y el plan del Ministerio de Hacienda para limitar la retribución de los alcaldes y equipararla al de otros cargos públicos estatales.
La última propuesta de limitación de los sueldos públicos viene de Izquierda Unida (IU). Esta formación aprobó en su última Asamblea General una enmienda para limitar el sueldo de los cargos públicos de esta formación a tres veces el salario mínimo interprofesional. Según la propuesta, presentada por la diputada de las Cortes Valencianas Marina Albiol, también “se cubrirán los gastos derivados de alojamiento y transporte, debidamente justificados”. Estas partidas están sujetas a una limitación, ya que “no podrán superar la cantidad de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional”.
Entre 1.935 y 3.300 euros mensuales
La cuestión es ¿a qué salario mínimo se refiere esta enmienda? Vozpópuli ha consultado con varias fuentes del partido y hay dos posibilidades: el salario mínimo interprofesional (SMI) fijado por el Gobierno o el salario mínimo que propone la propia formación. El primero es de 645,3 euros brutos mensuales, por lo que el 'techo' para los cargos políticos de IU sería 1.935, euros mensuales. En el segundo caso, la diferencia sería más que amplia: IU propone un SMI de 1.100 euros al mes, por lo que la limitación ascendería a 3.300 euros.
Para José Antonio García Rubio, secretario federal de Economía y Trabajo de IU, “hay que interpretarlo, porque no quedó claro si era el SMI existente o la propuesta de IU”. “Está bien ser austeros pero tampoco pasarse”, explica. García Rubio se inclina más por la segunda propuesta, ya que hay profesionales con retribuciones superiores para quienes la política dejaría de ser atractiva. “Nadie que se pudiera presentar a concejal querría”, resume.
En todo caso, el secretario insiste en que lo más importante a la hora de limitar los sueldos públicos es que se haga con un criterio y “que no haya ni un solo salario público superior al del presidente del Gobierno”.
Juan Peña, secretario de Organización de IU en Valladolid, reconoce que “si alguien gana muchísimo sabe que va a perder dinero entrando en política”. En este caso, Peña apuesta por el SMI actual como referencia, con el objeto de “tomar como medida el nivel de vida actual de la gente”.
Para el vallisoletano, las complicaciones pueden venir “a la hora de aplicarlo a un caso concreto”. Se refiere a los gastos extra derivados del cargo, como desplazamientos o residencia, limitados a 968 euros mensuales por la propia propuesta (1,5 veces el SMI), y a las retenciones por IRPF, que penalizan a las tributaciones más altas: aunque el cargo en cuestión se quede con un máximo de 1.935 euros brutos, tiene que pagar impuestos por el total percibido desde la Administración.
Una propuesta sin distinciones
Se imponga la limitación que se imponga, los sueldos de los cargos públicos vienen fijados por el órgano en el que desarrollan su actividad. ¿Qué pasaría entonces con el resto? Desde el grupo de Izquierda Unida en el Congreso explican que la cantidad restante se destinaría al partido, una práctica que ya se realiza y que permite pagar los gastos de la organización, tales como el mantenimiento de las sedes.
“La idea es que todos los cargos públicos tengan un salario similar”, explican, “igual un senador que un concejal”. La premisa en la que se basa esta enmienda es “que trabajar en política sea algo que salga de la vocación de servicio y que no haya intención de enriquecerse”.
“Es muy complicado hacer una norma que sirva igual para Cayo Lara que para el portavoz municipal de Toledo”, reconoce Peña. A este respecto, la diputada en la Asamblea de Madrid Tania Sánchez ve “más sentido a propuestas limitativas del salario en relación con la función y responsabilidad”.
“No es lo mismo cobrar 2.500 euros siendo alcalde de un pueblo de la sierra granadina de 2.000 habitantes que siendo alcalde de Alcobendas”, que sobrepasa los 100.000 habitantes. No obstante, Sánchez está de acuerdo con la premisa de acercar los sueldos de los políticos a los del resto de los españoles. “Los políticos no deben cobrar más que el ciudadano medio”, concluye.
