La condena a Suiza por su inacción ante el cambio climático impulsa la demanda contra España en el TC

Varias asociaciones ecologistas llevan ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por su inacción ante el cambio climático. La batalla de estas cinco organizaciones empezó en 2021, cuando Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo emprendían acciones legales contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), al entender que se alejaba de los objetivos marcados por la Unión Europea sobre esta materia. Finalmente, el caso llegó al Tribunal Supremo donde la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el pasado mes de julio el recurso, amparándose en el principio de separación de poderes, entre otras cosas.

Un año después, la dirección letrada de estas cinco organizaciones vuelve a la carga y presenta batalla ante el tribunal presidido por Cándido Conde Pumpido. En esta ocasión, el escrito presentado ante el TC se apoya, entre otra jurisprudencia, en la sentencia emitida el pasado mes de abril por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la que condenaba a Suiza por violar los derechos fundamentales de la población al no implementar medidas "suficientes" para combatir los efectos del calentamiento global.

Tal y como explica a Vozpópuli el abogado Jaime Doreste, de Magerit Abogados, el recurso de amparo presentado contra el Estado español defiende -al igual que la demanda impulsada por un grupo de mujeres de avanzada edad en el país alpino- que el cambio climático afecta a todas las personas y que, por tanto, la inacción de los estados vulnera los derechos fundamentales de la ciudadanía. El letrado detalla que el Convenio Europeo de Derechos Humanos es un convenio vivo, que se ha ido adaptando con el paso del tiempo y en el que se han incluido varios conceptos que respaldan los argumentos esgrimidos en el recuso de amparo.

Derecho a ser protegido por el Estado y el caso de Suiza

De esta forma, los demandantes recurren al derecho a ser protegido por el Estado frente a riesgos, también es aplicable a las amenazas que supone para la población los efectos del cambio climático. Una de las consecuencias más directas del calentamiento global sobre la población mundial son los efectos que tienen sobre la salud de los colectivos más vulnerables. Este es el caso de la sentencia dictada por el TEDH a favor de la demanda presentada por un colectivo de más de 2.000 mujeres mayores de 65 años. Escenarios derivados del cambio climático como olas de calor afectan de manera directa a la salud. Al igual que en España, este caso fue desestimado por la Justicia suiza, lo que provocó que finalmente tuviera que resolver el tribunal de Estrasburgo.

Ahora, el recurso presentado ante el Constitucional supone el primer litigio climático de la historia de España. El abogado Jaime Doreste entiende que el fallo emitido el pasado mes de julio por el Supremo "no daba una respuesta específica a la alegación presentada por la vulneración de derechos fundamentales". "Nos dijeron que los objetivos de mitigación climática son competencia del poder legislativo, pero no del judicial, incluso, cuando ya había varias sentencias en diferentes tribunales europeos que nos daban la razón... La falta de una adecuada protección supone la vulneración de estos derechos fundamentales y, por tanto, sí pueden entrar los tribunales", añade.

Este fue el caso de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Países Bajos con la que obligó al Gobierno a comprometerse a reducir sus emisiones en el 2020 hasta un 40% con respecto a 1990. Este falló inspiró la primera demanda presentada por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, ya que no solo reconocía que el Estado no cumplía con los compromisos internacionales de mitigación climática, sino que además afectaba a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En el caso de España, el recurso presentado contra las medidas implementadas por el Gobierno señala que el objetivo de reducir las emisiones un 23% es insuficiente teniendo en cuenta las características demográficas e industriales de España. "Con este plan el Estado no protege los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras", sentencia.