Según datos del Instituto Nacional de Toxicología de los últimos cinco años, en una de cada tres agresiones sexuales en España la víctima estaba bajo los efectos de la sumisión química.
¿Pero qué es exactamente la sumisión química? Técnicamente se define como la administración de sustancias químicas con efectos psicoactivos a una persona, sin su consentimiento y sin su conocimiento, con el fin de modificar su estado de consciencia, alterar su comportamiento o anular su voluntad, en general con el fin de agredirla sexualmente.
Hay dos formas activas y premeditadas de sumisión química. La conocida con el término anglosajón drink spiking, o administración de drogas o sustancias químicas en la bebida, y el needle spiking, cuando se administran sustancias mediante pinchazo con aguja hipodérmica.
Sin embargo, también existe la forma oportunista, que se produce cuando el agresor aprovecha que su víctima ya se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia que ha consumido voluntariamente para agredirla. Otro tipo común es la sumisión mixta, en la que confluye la ingesta voluntaria de sustancias con la administración encubierta.
Suele producir amnesia, alucinaciones y desinhibición
Las sustancias empleadas para cometer estas agresiones suelen ser de acción rápida y breve, activas a bajas dosis. Producen efectos poco característicos y favorables para el agresor, como amnesia anterógrada (retrasando el diagnóstico y dificultando el testimonio), sedación, alucinaciones (pudiendo invalidar el testimonio de la víctima) y desinhibición (lo que puede suponer una colaboración de la víctima). Se han descrito más de 30 sustancias implicadas en casos de sumisión química.
Lo preocupante es que se trata de un modo de agresión que puede pasar inadvertido para la víctima, para sus amistades e incluso para el personal sanitario que la atiende, a pesar del incremento en 2022 del número de agresiones hacia las mujeres en los espacios de ocio.
Se detecta solo la punta del iceberg
Pese a la reciente alarma social, existen pocos datos sobre la incidencia y prevalencia en España. De las 3 001 agresiones sexuales identificadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense durante 2021, se practicaron 994 análisis por sospecha de sumisión química, con resultado positivo en el 72%. En el 92,4% de los casos, la víctima era mujer.
Sin duda son datos infraestimados por varios motivos. Por un lado, las víctimas no siempre son conscientes de lo que les ha sucedido. Y cuando lo son, las circunstancias a veces les ponen muy difícil realizar la denuncia.
Esto se une al hecho de que los análisis toxicológicos no siempre detectan las sustancias utilizadas debido a que se utilizan sustancias con vidas medias muy cortas y se administran en pequeñas cantidades. Incluso puede ocurrir que el agresor utilice sustancias que no se detectan con los sistemas de análisis toxicológicos habituales.
Un delito tipificado
En España, la sumisión química constituye un delito tipificado en la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal y en la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, donde se introduce la sumisión química expresamente como una forma de la agresión sexual.
Se trata de una forma emergente de violencia contra las mujeres, abordada desde una perspectiva legal y sanitaria, pero escasamente desde la Salud Pública. De hecho, son muy escasos los estudios epidemiológicos que permitan conocer la dimensión el problema y sus consecuencias.
Actualmente existe un documento técnico para profesionales del Sistema Nacional de Salud, publicado por la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se muestra que únicamente diez Comunidades Autónomas cuentan con protocolos de actuación sanitaria ante sospecha de sumisión química.
Parte de la cultura machista
La sumisión química es una forma de coartar la libertad de las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Su trasfondo es el mismo que el de cualquier otra agresión sexual machista: la cultura de la dominación, el poder y la anulación de la autonomía de las mujeres, creando inseguridad en el espacio público. No es un problema aislado, sino que forma parte de la cultura machista y alberga comportamientos, actitudes y valores de difícil erradicación, cuya banalización e impunidad llevan a la imitación y a la legitimación de estos actos en otros grupos y espacios.
A menudo ante situaciones similares en contextos de ocio se ha recomendado la autoprevención y conductas de evitación. Estas recomendaciones focalizan las actuaciones en las mujeres y no en los agresores, perpetuando la socialización de las mujeres en el miedo, recortando sus libertades, e incluso responsabilizándolas de estos hechos.
Resulta relevante optar, en el marco de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas, por un abordaje desde la Salud Pública que incluya:
- Elaboración y puesta en marcha de protocolos de detección y atención sanitaria a la sumisión química en todas las comunidades autónomas y a nivel estatal, incluyendo la formación del personal sanitario y sociosanitario.
- Protocolos de coordinación de todos los sectores implicados: sanitario, sociosanitario, policial, judicial, educativo y otros con formación de sus profesionales.
- Diseño e implementación de registros de sumisión química para conocer y evaluar la situación y para avanzar en su conocimiento y erradicación.
- Campañas de prevención y sensibilización dirigidas a las y los jóvenes así como al personal con responsabilidades en educación.
- Reforzar la coeducación para impulsar la igualdad y evitar los comportamientos agresivos asociados a los roles masculinos y los discursos de terror que comportan la pérdida de libertades.
Los medios de comunicación también pueden unirse a este propósito difundiendo información sobre qué es y cómo actuar ante la sumisión química. Además de procurar un tratamiento adecuado de la información sobre actos de violencia machista, con una difusión de noticias que garanticen la objetividad informativa, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia. Los medios de comunicación deben servir como instrumento para denunciar las agresiones y para concienciar a la sociedad de este problema social y contribuir a su erradicación.
