El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella interpuesta contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en relación a las investigaciones sobre el rey Emérito. La Sala de lo Penal declina de este modo abrir diligencias contra la máxima representante del Ministerio Público a quien se le acusó de intervenir en la investigación abierta contra Juan Carlos I por supuestos delitos fiscales. Los magistrados sostienen que la querella no ofrece ningún elemento que avale razonablemente que participó de manera directa en el proceso o que no se ha indagado lo suficiente en relación a las cuentas del Emérito en el extranjero.
Así se recoge en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que precisan que el denunciante basa su escrito en informaciones aparecidas en prensa sin aportar ninguna prueba que apunte a la comisión de un delito. La querella, interpuesta por la Asamblea Republicana de Vigo el pasado mes de marzo, denunciaba que la Fiscalía no había informado con claridad acerca de la investigación no judicializada contra el Emérito. En concreto, pedía abrir causa contra la fiscal general del Estado así como contra el director de la Agencia Tributaria, Gascón Catalán, por prevaricación administrativa y omisión de persecución de delitos contra las personas.
El auto, del que ha sido ponente la magistrada Carmen Lamela, resuelve en sintonía con la Fiscalía y responde que no se ha podido demostrar que Delgado interviniera en este asunto que dirige el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos. "De esta forma se limita a narrar unos hechos que imputa a la fiscal general del Estado sustentados en la información periodística aparecida en diversos medios informativos, que, desde su perspectiva, considera ocurridos, pero sin que acompañe a su denuncia datos objetivos y accesibles de la realidad de lo sucedido en cuanto a la intervención de la persona aforada", concluye.
Investigación fiscal en Hacienda
Además, explica que la omisión de actuación que se atribuye tanto a la Fiscalía como a Hacienda no tiene ninguna conexidad entre sí, de manera que no hay relación entre las acusaciones a ambos querellados. Simplemente razona que se tuvo conocimiento a través de la prensa extranjera y nacional de que el Emérito habría cobrado comisiones que habría gestionado a través de las fundaciones Lucum y Zagastka, así como de que utilizó unas tarjetas de crédito con cargo a una cuenta en la que se ingresó el dinero como regalo por parte de un empresario amigo de origen mexicano.
El avance de las diligencias abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo coincide con la apertura de una investigación fiscal al Emérito en Hacienda por sus últimas regularizaciones voluntarias. Tal y como confirmó su abogado, Javier Sánchez-Junco, el padre del actual jefe del Estado efectuó un primer pago de 678.300 euros al fisco el pasado mes de diciembre y un segundo de 4,4 millones de euros en febrero por rentas no declaradas. La presentación de estas autoliquidaciones complementarias correspondía a pagos sujetos a tributación de determinados "viajes y servicios" que realizó Juan Carlos I y que asumió la Fundación Zagatka, creada por su primo Álvaro de Orleans.
De momento la Fiscalía sigue avanzando con estas diligencias abiertas a la espera de las conclusiones que aporten los técnicos de Hacienda y que serán determinantes para decidir si se eleva la investigación a la Sala de lo Penal del alto tribunal (al tratarse de una persona aforada) o, por el contrario, se archiva. El objetivo de Juan Carlos I con estos pagos es evitar una investigación penal sobre este asunto, sin embargo, el Ministerio Público sostiene de que ya había avisado de la existencia de una investigación fiscal en noviembre; antes de que efectuara las declaraciones complementarias.
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