El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y su número dos, el director general de la entidad, Ildefonso Sánchez-Barcoj, así como el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, han diseñado ya su estrategia judicial de cara a la citación del juez Andreu el próximo jueves para que expliquen el caso de las tarjetas opacas. El problema de sus defensas es que los tres llegan a la comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, con tres defensas enfrentadas, según revelan fuentes de los equipos jurídicos de la causa.
Rodrigo Rato tiene previsto responsabilizar a sus antecesores alegando desconocimiento durante su etapa de mandato en Bankia. Para ello, sus abogados pretenden incorporar a la causa un dictamen jurídico encargado por la propia Bankia al bufete Herbert Smith Freehills en el que se argumenta que los 245.200 euros que se pagaron durante la presidencia del ex ministro de Economía del PP a 20 directivos entre enero de 2011 y mayo de 2012 no son responsabilidad de Rodrigo Rato y su equipo sino de “un estado de cosas preexistente”.
“Estamos ante una conducta en apariencia de naturaleza fundamentalmente omisiva", alegan los abogados de Bankia sobre Rato
La defensa de Rato asume algunos de los postulados de ese informe de 7 páginas fechado el pasado 16 de junio que asegura que “estamos ante una conducta en apariencia de naturaleza fundamentalmente omisiva que consiste en tolerar la continuación de un estado de cosas”, es decir, que carece de una responsabilidad que debe atribuirse al equipo anterior por cuanto "el designio o génesis, en el sectivo activo o positivo que exige la norma, sería atribuible a quienes inicialmente pudieran haber tomado la decisión en el seno de Caja Madrid”. En la práctica, eso significaría responsabilizar a quien fue presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y a quien fue director general de la entidad, Ildefonso Sánchez-Barcoj.
La defensa de Sánchez-Barcoj también pasa por apartarse de la toma de decisiones. Para ello, el ex número dos de Caja Madrid pretende sostener que la concesión de tarjetas y la fijación de límites de crédito correspondía al máximo responsable de la entidad, es decir, Blesa.
Sin embargo, su línea de defensa choca con los documentos remitidos por Bankia al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) que revelan que él fue quien diseñó el esquema y llevó la contabilidad paralela que permitió que el sistema siguiera en vigor. Según esa documentación, la "gestión de tarjetas" era realizada "por don Ildefonso Sánchez-Barcoj, miembro del Comité de Dirección de Caja Madrid". "Según se ha verificado -añade ese escrito- la gestión de estas tarjetas se realizaba y gestionaba de forma separada al resto de tarjetas de empresa de la entidad" y que ello se hacía, precisamente, a través del equipo de personas más cercano a Sánchez-Barcoj. En este sentido, el informe recalca que "las comunicaciones sobre la concesión de nuevas tarjetas o modificaciones de límite asociado a las mismas eran gestionadas" por el entonces 'número 2' de Caja Madrid "a través" de sus "secretarias", que eran finalmente las que se encargaban de dirigir "estas peticiones al Departamento de Tarjetas". Esas acciones pueden, por tanto, comprometer su línea de defensa.
Miguel Blesa queda, así, como el eslabón más débil en su defensa. Por ese motivo, los abogados del ex presidente de Caja Madrid, según fuentes de su entorno, pretenden alegar falta de dolo e incluso desconocimiento de que la contabilidad y el uso de esas tarjetas estuviera fuera del circuito oficial. Blesa sólo responderá a las preguntas del Ministerio Público y la Abogacía del Estado pero no a las de las acusaciones particulares entre las que figuran los usuarios de banca, ADICAE, o la formación política UPyD.
La Fiscalía Anticorrupción había adelantado que pretendía acusarlo por delito societario y de apropiación indebida. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado parece haber frenado esa intención al asegurar que antes de hablar de delitos "vamos a ser prudentes a la hora de poder establecer la calificación de los hechos". El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha pedido a Anticorrupción que "reflexione sobre cómo se han producido los elementos, llegará a una conclusión".
Blesa, Rato y Sánchez-Barcoj se enfrentan a una petición de penas de hasta 10 años de cárcel e inhabilitación. Prestarán declaración pasado mañana.
