El Ministerio de Justicia ha anunciado a la defensora del pueblo la reducción en un 80% de las tasas judiciales variables de las personas físicas en primera instancia y en recursos en la jurisdicción civil, contencioso-administrativa y social. Además, devolverá las tasas cobradas a los beneficiarios de la justicia gratuita.
La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha informado en un comunicado de su decisión de no interponer recurso de inconstitucionalidad contra las tasas judiciales que diversos colectivos le habían reclamado. Becerril recomendó el pasado día 12 alministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que modificara las tasas, cuya reducción fue anunciada posteriormente al Ministerio.
Así, el Ministerio ha comunicado a la defensora del pueblo que las tasas mencionadas pasarán del 0,50% del valor del litigio con límite de 10.000 euros al 0,10% del valor del litigio con un límete de 2.000 euros. También eliminará por completo las tasas para un mayor número de personas, adelantando los efectos del anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, publicado el pasado enero.
Asimismo, se elevarán los umbrales de renta para acogerse a la exención de tasas, que también se aplicará a víctimas de violencia de género, terrorismo, tráfico de seres humanos, accidentes de tráfico y menores o discapacitados víctimas de abuso o maltrato. El departamento que dirige Gallardón también eliminará "por completo" la posibilidad de que el ejecutado hipotecario de una vivienda habitual o su avalista pague las tasas abonadas por el banco ejecutante en virtud de una condena en costas, así como la ejecución de las tasas en los casos de laudos arbitrales de consumo.
En los procesos contenciosos relativos a multas y otras sanciones administrativas, además de producirse la reducción del 80% de las tasas variables antes indicada, se establece como límite de la tasa el 50% de la cuantía de las multas.
Justicia devolverá a los nuevos beneficiarios de Justicia Gratuita las tasas pagadas desde el pasado 17 de diciembre hasta la inminente entrada en vigor de la reforma legal anunciada.
