El revuelo causado por las tasas judiciales aprobadas en comisión parlamentaria intenta ser atemperado por el PP que, en un documento interno explica algunas de las cuestiones más controvertidas. Indica, en primer lugar, que la intención de esta reforma es “elevar el umbral de beneficiarios” a quienes cobren menos de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), esto es, 15.975 euros anuales, que quedarían exentos de pagar las tasas. No lo dice exactamente así la reforma publicada en el BOE el pasado 20 de noviembre, pues se limita a comentar al respecto que entre los exentos están “las personas a las que se haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora”.
Asimismo, tampoco se tienen que abonar en la primera instancia los procesos del orden social, dominado por los juicios por despido, mientras que, en la segunda instancia, los trabajadores, sean por cuanta ajena o autónomos, tendrán una reducción del 60 por ciento de la tasa si van a segunda instancia. Tampoco incluye el “tasazo” ni los juicios referidos a la protección de los derechos fundamentales, ni, en lo civil, los juicios monitorios y los verbales inferiores a 2.000 euros, según ilustra el PP a sus cargos públicos.
Génova se molesta en puntualizar una cuestión que ha sido objeto de gran controversia: qué pasa con los juicios por maltrato de género. Al tratarse de un proceso penal queda exento de pagar las tasas, aunque el proceso de divorcio tiene un coste de 300 euros. Además, todos aquellos casos referidos a la guardia y custodia de los menores o a la pensión por alimentos son gratuítos. En este sentido, subraya el PP que los procesos penales representan el 72 por ciento del total, frente a los civiles, contencioso administrativos y sociales, en un intento por desmontar los mensajes de la “justicia para ricos” y el afán recaudatorio de la medida.
Los populares recuerdan que el 90 por ciento de los recursos de casación confirman la primera sentencia
En definitiva, Génova arguye que “el sistema de tasas judiciales se aplica a los ciudadanos con más recursos y, sobre todo, en la segunda instancia para evitar abusos”. Recuerdan en este sentido que el 90 por ciento de los recursos de casación confirman la primera sentencia y en los de apelación alcanza el 75 por ciento de los casos. Además defienden que las tasas se reembolsarán “si los tribunales dan la razón a quien inició el procedimiento”.
El ministro de Justicia, por su parte, ha venido argumentando que con su nueva ley de tasas se cubre tan solo el 10 por ciento del coste real de la administración de justicia, frente al 30 por ciento de la medida europea por lo que “con toda sinceridad, , no creo que hay nadie que pueda decir que los ciudadanos de la UE no tienen acceso a la tutela judicial efectiva o que sus tasas les dificultan para litigar, de ninguna de las maneras”. Asimismo, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho que la media de litigios por ciudadano “es menos de una vez durante toda su vida”.
