El Tribunal Constitucional no parece dispuesto a tirar abajo la llamada "doctrina Parot" pero sí a flexibilizarla, según ha podido saber Vozpópuli de fuentes judiciales. Esta es una de las grandes cuestiones que el Alto Tribunal tiene pendiente de resolver que afectan a la lucha antiterrorista; la otra es el recurso que la coalición proetarra Sortu presentó tras la negativa del Supremo a legalizarles para presentarse a las últimas elecciones vascas. La idea del TC es aplicar la "doctrina Parot" caso por caso, individualizadamente, sin establecer una línea general para todos los presos etarras afectados por la aplicación retroactiva de la norma, que nació en 2006 para impedir la excarcelación del sanguinario terrorista Henri Parot, condenado a más de 3.000 años de prisión.
El periodo electoral, con un más que probable cambio de Gobierno, y el anuncio de ETA, el pasado 20 de octubre, de cese definitivo de la violencia abren un nuevo escenario para los debates del propio Alto Tribunal. De hecho, desde el PP, al que todos los sondeos sitúan como el próximo partido de Gobierno, admiten que tanto el TC como el Tribunal Supremo sufren una especie de "contagio" en función de quién gobierne, aunque eso no evita que el Supremo, por ejemplo, diera carta de naturaleza a la presentación de Bildu a las elecciones locales y forales del 22 de mayo contra el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.
Es previsible que el Constitucional no alargue sine die su pronunciamiento sobre la "doctrina Parot" y Sortu, sentencias que se producirán bajo un Gobierno popular si Rajoy vence en las urnas el próximo domingo.En cuanto a Sortu no parece haber dado muchas pistas el Alto Tribunal. Sin embargo en el PPcreen que, jurídicamente, es muy difícil justificar la ilegalización de Sortu después de haber permitido a Bildu en mayo, y a Amaiur ahora, presentarse a las elecciones.
Segundo retraso
El pleno del TC se reunió el pasado mes de julio para estudiar los primeros recursos de amparo contra esta doctrina de los 28 presentados entonces, la mayoría de ellos, 24, por etarras a los que la aplicación de esta reforma legal alarga su permanencia en prisión. Ahora los recursos superan los 50 y son 61 los presos etarras afectados por el cambio de cómputo de los beneficios penitenciarios. Sin embargo, los once magistrados del pleno arguyeron entonces que la complejidad en la interpretación jurídica aconsejaba retrasar a septiembre el debate sobre dichos recursos. Luego, a finales de julio el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, convocó elecciones adelantadas para el 20-N y en todo este tiempo el Alto Tribunal ha preferido no retomar un debate de calado para el futuro de muchos de los presos más peligrosos de la banda en pleno periodo electoral.
Incluso desde el PP muestran su convencimiento de que el TC no cuestionará la constitucionalidad de una doctrina por la cual los beneficios penitenciarios se calculan sobre el total de las penas acumuladas del reo y no sobre el límite máximo de 30 años de prisión, lo que permitía a los etarras más sangrientos salir en pocos años a la calle por mor de un antiguo Código Penal, el de 1973, preconstitucional, más que generoso.
