La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles en el Senado que el Gobierno de Pedro Sánchez es el garante de la igualdad y prosperidad de las comunidades autónomas y que hablar de "insolidaridad y de quiebra de la igualdad" con el cupo catalán que el PSOE ha pactado con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa es "populismo". En cambio, ha sostenido que se trata de un "acuerdo solidario que profundiza en el federalismo". Unas afirmaciones que contradicen el análisis de expertos, de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) y de Josep Borrell. En las intervenciones de Montero, y también en las de senadores de ERC y socios del Ejecutivo, se han sostenido consignas y datos falsos sobre lo pactado, sus antecedentes y sus consecuencias.

1.El pacto es un desarrollo del Estatut.

Uno de los mantras de María Jesús Montero respecto al cupo catalán y de los socios del Gobierno que ya lo avalan arranca de unas declaraciones de Pedro Sánchez el pasado diciembre en Barcelona nada más ser investido gracias a los votos de ERC y Junts. Entonces aseguró que una Agencia Tributaria catalana como la que había pactado negociar con los independentistas, un Consorcio, suponía un desarrollo del Estatut, una vieja idea que defiende el ala soberanista del PSC y que se basa en varios malentendidos, inexactitudes y medias verdades.

A lo que se añade que el pacto entre el PSOE y ERC alcanzado el pasado 30 de julio a cambio de la investidura de Salvador Illa va mucho más lejos de lo que se pensaba, el Consorcio, pero Montero y afines se escudan en un mito sobre el Estatut y el Consorcio para legitimar lo acordado.

El texto inicial del Estatut aprobado por el Parlamento de Cataluña y que negoció el PSC establecía que la Generalitat tenía responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña, lo que no salió adelante.

El texto definitivo del Estatut establece, en línea con la Constitución, que existen tres bloques de tributos: los propios de las comunidades y los estatales cedidos totalmente, como Patrimonio y Sucesiones; los estatales cedidos parcialmente, como el IRPF, IVA e Impuestos Especiales, respecto de los que el Estado cede a las CCAA un porcentaje, y los tributos estatales no cedidos, como Sociedades, en los que las CCAA no tienen ninguna participación.

En cuanto a las competencias de gestión, el Estatut estipula que corresponde a la Generalitat, mediante una Agencia Tributaria, la gestión de los tributos propios y de los tributos totalmente cedidos, y corresponde al Estado la gestión de los tributos cedidos parcialmente, si bien se contempla la posibilidad de delegar funciones en la Generalitat y el establecimiento de una colaboración, cuando así lo exija la naturaleza del tributo.

Así lo plantea el artículo 204 del Estatut, que dice que para desarrollar esto, "se constituirá, en el plazo de dos años, un Consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña".

El problema surge porque en la Ley de Creación de la Agencia Tributaria de Cataluña la disposición adicional decimocuarta compromete a la Agencia catalana a convertirse en un futuro en la única Administración Tributaria de Cataluña.

Así pues, se concibe la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña como primer paso para volver a las pretensiones iniciales de lograr una soberanía e independencia fiscal que no está prevista en la Constitución, ni en el texto del Estatuto aprobado.

2.El contenido del pacto fue avalado por el TC

El Estatut vigente contiene la posibilidad de desarrollo del consorcio pero este punto, el 204.2, no ha sido avalado por el TC porque el PP no lo recurrió.

3.El pacto es solidario

Montero ha mencionado en varias ocasiones este miércoles la ordinalidad que cita el pacto, concepto que limita la pretendida solidaridad, una pretendida solidaridad que además será sólo transitoria. Ha acusado al PP de no haberse leído el texto, que ha definido como un "acuerdo solidario que profundiza en el federalismo". 

La ordinalidad significa que el más rico reciba más y el más pobre, menos, que las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben, estipula el acuerdo, y establece que Cataluña deberá ser compensada si en 2025 no está ya vigente.

Este principio dinamita el sistema de financiación y acabaría también con la Unión Europea y con el sentido en el reparto de fondos del Plan de Recuperación. Las mayores economías y menos afectadas por la covid recibirían más; las que más lo necesitan, menos.

Pero es que además se vincula esta ordinalidad a que las CCAA no bajen los impuestos, no más que en Cataluña si quieren que ésta aporte algo.

Esto implica recortes y/o subidas de impuestos para el resto de comunidades.

4.El pacto profundiza en el autogobierno

Montero ha asegurado que el acuerdo "profundiza en el autogobierno" y aunque el texto así lo recoge explícitamente, su contenido se sitúa en cambio en el soberanismo y la independencia, para lo que el PSOE asume todas las tesis independentistas.

Se dice que se parte de un "conflicto político" que se va a resolver, se asegura que Cataluña sufre una "infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera con creces lo que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios" y se llama a "reconocer a Cataluña plenamente como nación".

5.Canarias tiene un régimen singular como el que se ha pactado para Cataluña

Montero se ha reafirmado en el argumentario que viene empleando y que desarrolló el pasado 15 de agosto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se basa en la reducción al absurdo y en el doble lenguaje para que un régimen fiscal privilegiado y bilateral para Cataluña que sólo tienen País Vasco y Navarra porque lo establece la Constitución pase por un modelo solidario y a la vez compartido con el resto de comunidades, ya que todas son singulares. Por un lado, que Cataluña va a tener una financiación singular porque todas las comunidades son singulares. Y por otro, que su singularidad es como la de Canarias y Baleares.

Es decir, las particularidades del régimen fiscal de Canarias y Baleares por su insularidad y, en el caso de la primera, por ser una región ultraperiférica, según reconoce la Comisión Europea.

"La financiación singular de Baleares no tiene el morbo de la de Cataluña", sostenía Montero en julio, cuando negaba que fuera a haber un cupo o concierto.

La vicepresidenta se ha defendido de las críticas a estos ejemplos asegurando que "llevar las posiciones al ridículo no ayuda en el debate".

Sin embargo, Montero se ha guardado de comparar a Cataluña con Teruel, Cuenca y Soria como ha hecho la portavoz del PSOE, Esther Peña, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, lo que ha concitado duras declaraciones del presidente del PSOE de Aragón, Javier Lambán, y de los socialistas de Castilla-La Mancha.

6.Las CCAA recuperan el Impuesto de Patrimonio porque necesitan recaudar

Montero ha dedicado parte de sus intervenciones a cargar contra las rebajas de impuestos de comunidades del PP, aunque algunas de ellas también las realizan las del PSOE, y ha repetido otro de los argumentos para justificar el cupo, que esas rebajas que las comunidades realizan con las competencias que tienen encomendadas son lo que realmente atenta contra la igualdad y no el cupo, en un ataque dirigido principalmente contra la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Pues bien en este sentido, Montero ha dicho que ahora algunas han recuperado el Impuesto sobre el Patrimonio "porque necesitan esa recaudación", cuando lo han hecho obligadas por el impuesto a grandes fortunas que creó Montero de forma retroactiva y que ha sido avalado en tiempo récord por el Tribunal Constitucional, lo que implica que si no reactivan Patrimonio, los ingresos [del impuesto a grandes fortunas] se los lleva el Estado. Al reinstaurar Patrimonio -que ingresan las comunidades-, grandes fortunas -estatal-, no aplica.

7.El acuerdo con ERC es como el pacto de Aznar con CiU

La senadora del PSOE María Amparo Marco ha enseñado una foto de José María Aznar y Jordi Pujol, quienes en julio de 1996 cerraron el llamado pacto del Majestic, por el que el PP gobernó hasta el 2000, y por el que cedió varias competencias a Cataluña, lo que han subrayado Montero y otros socios, equiparando sendos acuerdos.

Sin embargo, son varias las diferencias de contenido, contexto y significado. De entrada, hay que recordar que el PP obtuvo en las elecciones generales del 3 de marzo de 1996 un total de 154 escaños y fue la primera fuerza, mientras que el PSOE quedó en segundo lugar, con 141, y CiU obtuvo 16. En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el PP fue primera fuerza, con 137 escaños, y el PSOE, segunda, con 121. ERC y Junts obtuvieron siete cada uno.

Aznar acordó con CiU unas cesiones que se hacían para Cataluña, pero que en el texto del pacto ya se establece que serán para todas las comunidades: "PP y CiU, dentro del nuevo modelo de financiación autonómica, se comprometen a atribuir a las comunidades autónomas una participación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente a los residentes en sus respectivos territorios del 30% que se fijará en función de su nivel competencial y del volumen de recursos", recogió el texto de hace 28 años.

Previamente, en 1993, Felipe González ya había cedido a Cataluña la gestión del 15% del IRPF, también en una concesión a CiU para garantizar su investidura, y José Luis Rodríguez Zapatero llegó en 2008 al 50%.

El PP también cedió en 1996 a todas las comunidades la gestión de los Impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y Juego.

• Tags
• Cataluña
• Cupo vasco
• Hacienda
• Impuestos
• María Jesús Montero
• Senado
• Tribunal Constitucional