La secretaria judicial que acompañó a la Guardia Civil en el registro de la sede de Hacienda de la Generalitat el 20 de septiembre tuvo que abandonar el lugar saltando por el tejado de un teatro contiguo para evitar a la multitud concentrada a las puertas del edificio. Pero la operación contó con un contratiempo hasta ahora desconocido: los responsables del teatro se opusieron al plan de evacuación por miedo a las posibles "represalias" del independentismo. Los Mossos d’Esquadra tuvieron que hacer valer su autoridad para que el plan se llevara finalmente a cabo.
Este episodio viene recogido en el extenso informe realizado por la Policía Nacional a partir de la documentación intervenida a los Mossos cuando pretendían destruirla en la incineradora de Sant Adríà de Besòs. Hasta ahora solo se conocía el enfrentamiento entre la Guardia Civil y los Mossos. El Instituto Armado acusa a la policía catalana cuanto menos de dejadez en sus funciones. El cuerpo autonómico replica que les avisaron tarde y cuando llegaron a la zona ya había demasiada gente como para hacer cargas sin generar un problema mayor de orden público. Lo que no se conocía era la postura que adoptó el teatro.
Los hechos, según el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli, ocurrieron “una vez se dieron por terminados los registros, hacia las 23.30 horas”. En ese momento los Mossos d’Esquadra ofrecieron a la Guardia Civil y a la comisión judicial salir por su propio pie. La idea era aprovechar un cordón policial establecido en la puerta del edificio con la ayuda de voluntarios del la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las responsables de la movilización que desde primera hora se daba cita en la calle para protestar contra el registro.
Papel de Jordi Sánchez
El propio Jordi Sánchez, actualmente en prisión, participó en la mediación entre las autoridades y los manifestantes. Pero los agentes de la Guardia Civil rechazaron la oferta “ya que no ofrecía ninguna garantía de seguridad, tanto para las personas como para los efectos intervenidos en los registros”. En aquel momento, según consta en la documentación analizada, se mantenían concentradas entre 10.000 y 12.000 personas “y no existía ningún perímetro de seguridad controlado por fuerzas policiales”.
En este punto, la Policía Nacional hace referencia a un informe hallado en uno de los coches interceptado ante la incineradora “en el que se hace una detallada relación de las gestiones realizadas para poder facilitar una salida segura a la letrada de la administración de Justicia, quien finalmente salió por el Teatro Coliseum, a pesar de la negativa de los propietarios del mismo, Grupo Balenya, temerosos de que si se hacía pública su ayuda en la evacuación de los participantes en los registros, podrían sufrir represalias por parte del entorno independentista”.
Del informe se deduce que los Mossos tuvieron que convencer a los responsables del teatro para que finalmente la secretaria judicial saliese por su tejado “sobre las 00:25 horas del día 21 de septiembre. Los agentes de la Guardia Civil que iban de de paisano pudieron abandonar el edificio entre las 03:20 y las 03:34, “aprovechando que los concentrados confundieron a agentes de los Mossos”.
Los últimos en salir
Los últimos en salir, casi un día después de que se iniciase el registro, fueron los agentes uniformados, que se retiraron “sobre las 06:30 horas, tras hacer las pertinentes comprobaciones en los vehículos policiales” que habían sido destrozados por los manifestantes. Fue necesario el uso de grúas debido al estado “lamentable” en el que se encontraban.
La violencia que temían los responsables del teatro influye en la consideración de los hechos por lo que se encuentra imputado el exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, acusado de un presunto delito de sedición en la Audiencia Nacional. En la misma situación se encuentra el exdirector general del Cuerpo Pere Soler y el exsecretario de la Consellería de Interior César Puig. Todos ellos están en libertad con medidas cautelares.
