La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha advertido este al fondo propietario de la Torre Agbar, Emin Capital, de que la resolución de la licencia está sujeta a la moratoria impulsada por el Gobierno municipal. Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha advertido de que no aceptarán "ninguna presión" en el debate sobre el modelo turístico que debe tener Barcelona, y ha insistido en que Emin Capital se ha precipitado al afirmar que el proyecto de transformación de la Torre Agbar queda fuera de la suspensión temporal de licencias aprobada el pasado 2 de julio, según informado fuentes del consistorio.
El Ayuntamiento ha señalado que el fondo solicitó al consistorio un certificado de régimen urbanístico el 11 de junio, dos días antes de la toma de posesión de la alcaldesa, Ada Colau, pero Sanz ha aseverado que la resolución de la licencia no se producirá hasta que se levante la moratoria. Emin Capital explicó este viernes en un comunicado que, según el artículo 20 del reglamento de la Ley de Urbanismo de Catalunya, este certificado tiene una vigencia de seis meses, y dentro de este periodo es preceptivo otorgar las licencias de edificación que se soliciten conforme a lo establecido en la legislación, aunque se haya decretado una suspensión de licencias temporal, tal y como hizo la alcaldesa el 2 julio.
"El atajo legal les ha permitido entrar la solicitud pero el proyecto del hotel no está sobre la mesa", ha explicado Sanz, y ha subrayado que los servicios turísticos y técnicos del consistorio están valorando todas las propuestas de licencias presentadas. Preguntada por los periodistas sobre el proyecto para enlazar la conexión de la tranvías por la Diagonal, que según el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no se especifico el modo de hacerlo, Sanz ha asegurado que nunca la propuesta fue aceptada Mas y Colau.
"La información que hemos hecho llegar a Mas desde el Ayuntamiento ha sido siempre la misma", ha explicado Sanz, que ha insistido en que hubo aceptación del proyecto por parte del Gobierno de la Generalitat.
