La anulación por parte del Tribunal Supremo del indulto que concedió el Gobierno al 'kamikaze' de Valencia ha sobrevolado este miércoles un desayuno informativo protagonizado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cuya intervención ha sido presentada por el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. El máximo representante del Ministerio Público ha valorado positivamente las propuestas encaminadas a "ahormar más" la justificación del indulto en el sentido que ya ha señalado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.
Torres-Dulce se ha referido así, aunque sin citarla expresamente, a la sentencia del TS que anula el indulto a Ramón Jorge Ríos Salgado y marca doctrina al obligar al Ejecutivo a motivar la concesión de la medida de gracia pese a que no está obligado a ello por ley. Con esta decisión, el Supremo vino a mandar un mensaje al Gobierno para que, tal y como han pedido los grupos parlamentarios de PSOE y UPyD, reforme la vetusta ley del indulto de 1870, modificada por última vez en 1988 bajo mandato del Felipe González.
Sin embargo, como ya informó Vozpópuli, Gallardón no tiene en sus planes impulsar una nueva redacción de dicha normativa, siendo su único compromiso el de no otorgar la medida en causas de corrupción. Tras la resolución del Supremo, el ministro de Justicia ha permanecido de brazos cruzados. Ha negado que su departamento vaya a realizar una revisión del indulto al 'kamikaze' y está a la espera que se pronuncie al respecto el Tribunal Constitucional, ya que el conductor ha recurrido ante esta instancia el fallo del TS.
No obstante, Torres Dulce se ha mostrado en contra privar al Gobierno de su potestad de indulto, porque ello sería "injusto", ha remarcado, apelando a la "tradición jurídica" de este precepto.
Por otro lado, el fiscal general del Estado ha afeado a Gallardón, sentado a su lado en el desayuno de EP, que la reforma de la Justicia Universal se haya efectuado siguiendo la vía de presentación de una iniciativa de proposición legislativa sin consultar al Ministerio Público. Así, ha destacado que a los fiscales les habría "agradado" que o bien desde el Gobierno o bien parlamentariamente se les hubiera preguntado. Torres-Dulce ha revelado que tras hacer traslado de esta queja al propio Gallardón, el ministro ha contestado que "toma nota de los aspectos que se puedan corregir durante la tramitación de esta reforma".
En la materia en la que el fiscal general del Estado sí se ha alineado plenamente con la línea del Gobierno ha sido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que contempla una limitación de la acción popular. Torres-Dulce ha señalado que "es evidente que se está abusando de la acusación popular en algunos procesos". En este contexto, por ejemplo desde UPyD, su portavoz nacional, Rosa Díez, denunciado que con esta idea de restringir la acción popular a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, su partido no habría podido llevar a Bankia y a los responsables de las preferentes ante los tribunales.
Además, Torres Dulce ha anunciado que el Ministerio Público va a "crear secciones de investigación en aquellas fiscalías donde hay procesos penales que requieren una actividad más dinámica" en las pesquisas. Todo ello, ha apuntado, sin alterar las funciones que corresponde estatutariamente a las fiscalías especializadas. "Ello debe contar con la colaboración de la policía, los agentes tributarios y la intervención general. Ya hemos abierto canales de colaboración y están dando resultados", ha añadido. En otro orden de asuntos, también ha desmentido que la Fiscalía haya iniciado una investigación para ilegalizar a la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
Rehúye la iniciativa de Botella
Preguntado sobre la propuesta de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, para alejar las manifestaciones del centro de la capital tras los sucesos violentos del pasado 22-M, Torres Dulce ha declinado entrar en el asunto y se ha limitado a contestar "No opino sobre cuestiones de carácter político". La regidora popular estaba presente en el coloquio, así como al delegada del Gobierno en Madrid, Cistina Cifuentes (en contra de acotar las protestas), la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, la secretara general del PP, María Dolores de Cospedal, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, entre otros.
