El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, considera que las tasas judiciales que comienzan a aplicarse este lunes son "excesivas" y a priori, “dificultan el acceso a la justicia de algunas personas". En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Torres-Dulce se ha mostrado a favor de que existan estas tasas para así evitar que los ciudadanos que no acceden a la justicia soporten su coste. No obstante, opina que debe haber un equilibrio entre el efecto disuasorio y el objetivo recaudatorio.
“Las tasas ya existían desde el año 2002, lo que se ha hecho es ampliar el abanico de casos en los que se aplica y se ha aumentado las cantidades, algunas en exceso como en el caso de los recursos”.
El Fiscal General asegura que no ha tenido ocasión de hablar con el ministro Gallardón al respecto. “Me hubiera gustado que se nos pidiera opinión porque es algo que nos afecta a todos, pero para mi sorpresa las tasas judiciales no pasaron por el ministerio fiscal”.
Reforma del código penal
Respecto a la reciente reforma del código penal, y la polémica que ha suscitado el informe que sobre ella ha elaborado el Consejo Fiscal, Torres-Dulces ha explicado que se han limitado a pulir la reforma y a ser críticos desde el punto de vista técnico. “Por ejemplo, en el caso de la prisión permanente revisable, no se cuestiona la custodia de seguridad en sí misma pero se hacen indicaciones para que se cumplan los criterios constitucionales”, ha declarado.
El Fiscal General del Estado ha brindado su apoyo al colectivo de jueces que ha manifestado su malestar con la reforma, asegurando que no considera que sea un “berrinche laboral”.
“Las protestas de los jueces no giran exclusivamente en torno a los recortes salariales. En mayo de 2010 ya se produjo un recorte cercano al 15% en el sueldo de jueces y fiscales y aquello se asumió como una parte poco agradable pero necesaria para contribuir con los esfuerzos para salir de la crisis”, respondía a las críticas del propio ministro de Justicia.
En lo que no se ha mostrado tan de acuerdo ha sido en la idea de convocar una huelga general del poder judicial, que dice “respetar pero no compartir”. “No podemos conceptuarnos estrictamente como funcionarios porque tenemos un estatuto con unas tremendas responsabilidades y unas penosas limitaciones”, se ha justificado.
La desobediencia de Cataluña
El Fiscal General del Estado ha sido muy claro respecto a las condiciones que estipula la Constitución para formular referéndums y consultas populares, por lo que el instituto fiscal se ceñirá a ellas.
“Los delitos de desobediencia se limitan a decisiones judiciales. De momento la desobediencia de Cataluña respecto a la reforma educativa sólo tiene un cariz político, habrá que esperar a ver qué ocurre, al igual que con los planes de referéndum. No voy a anticipar algo que no ha ocurrido aún”.
Por último, Torres-Dulces se ha pronunciado sobre el polémico informe policial que se filtró a la prensa durante la campaña electoral en Cataluña y que sugería que las familias de Artur Mas y Jordi Pujol tenían cuentas millonarias en Suiza. El Fiscal General se ha mostrado rotundo al asegurar que no hay constancia de que esto sea cierto, y ha deslegitimizado el informe filtrado.
“Los fiscales que actuaron en el caso Palau lo hicieron de forma impecable, al no aceptar las líneas de investigación que proponían fuerzas policiales ajenas al proceso. El informe no ha salido de la unidad policial UDEF, por lo que carece de legitimidad”.
