La agricultura sigue en caída libre. Ni las ayudas de la PAC fomentadas por la Unión Europea, las cuales han generado polémica por el recorte en el presupuesto, ni las condiciones climatológicas de este septiembre que han sido favorables, han conseguido hacer levantar cabeza al gremio que sigue sufriendo los agravios de la pésima temporada de cultivo. Una realidad que se vive con melancolía y que, por el momento, todo indica que la tónica general de esta recta final de año seguirá los cauces del 2023, es decir, un año de barbecho y de pérdidas.
Así lo ha dejado claro ASAJA Alicante que, una vez más, ha cargado contra la Unión Europea y, por extensión, contra la Conselleria de Agricultura de la Comunitat Valenciana. Los profesionales del sector exigen que se tomen medidas eficaces, sobre todo por parte de las autoridades locales, ya que la administración no ha dado muestras de cambios coyunturales para salvaguardar la agricultura y ganadería autóctona, con el fin de facilitar el desarrollo profesional de los trabajadores.
Una reacción en cadena que ha tenido como punto de partida los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2024, los cuales han generado descontento tanto en la agricultura, como en la ganadería, por olvidarse de los problemas del sector, como la amenaza de la desaparición de la cereza de la Montaña de Alicante. No solo eso, sino que se ha sumado a la ecuación dos factores cuyo autor es la Unión Europea: una mayor burocracia y un incremento de la presión fiscal.
"Asimismo, ASAJA Alicante lamenta que, tras más de cien días de legislatura, las trabas burocráticas y la presión fiscal sigan dificultando el desarrollo profesional de agricultores y ganaderos, que sigue sin encontrar un apoyo en la Administración, quien parece más preocupada por cumplir las exigencias que impone Bruselas, totalmente alejadas de la realidad del campo, que por prestar servicio al administrado", explica ASAJA Alicante en un comunicado.
La Unión Europea sigue ahogando a la agricultura española
Como ya explicamos en Vozpópuli, las entidades agrícolas se han quejado durante las últimas semanas de la reducción y el pago del anticipo de hasta el 70% de las ayudas de la PAC. Los agricultores y ganaderos que están percibiendo el anticipo están constatando ya una reducción de sus ayudas que oscila, con carácter general, entre el 20% y el 40% respecto a las que venían percibiendo en la anterior PAC, lo que eleva hasta los 500 millones de euros las pérdidas que están sufriendo los agricultores y ganaderos andaluces en el periodo 2023-2027.
¿Es una cuestión de ayudas o de reducir las presiones fiscales y burocracia que se han impuesto a la agricultura y a la ganadería? Para ASAJA Alicante, el quid de la cuestión radica en un equilibrio entre las subvenciones y una gestión de las administraciones que se alejen de las imposiciones de la Unión Europea, las cuales no tienen en cuenta la realidad del campo. No solo eso, sino que hay que promocionar el trabajo en el gremio y mejorar las condiciones laborales para crear una oferta atractiva.
El propio ASAJA Alicante asevera que no es cuestión de tener mayor o menor presupuesto económico, sino que es un tema de facilitar los procesos y la actividad a los agricultores y ganaderos. Una disyuntiva que, si todo sigue así, la entidad asegura que tendrán que decir adiós a los cultivos y a la actividad: "De seguir así las cosas no vamos a poder continuar con la actividad agraria y ganadera, pues cada normativa nueva supone un incremento en los costes de producción".
Los titulares de las explotaciones agrarias aseguran que se han incrementado las presiones fiscales y las trabas a la hora de realizar su trabajo. Es por ello que desde la asociación se ha señalado con el dedo el "entramado burocrático/administrativo y la creciente presión fiscal" que arrincona a las profesionales y responsabilizan de estas nuevas políticas tanto a la Unión Europea, como al gobierno local.
"La asociación pide al titular de la cartera que cumpla con su programa electoral, que afirmaba que trabajaría para agilizar trámites administrativos”. Unos requisitos que son urgentes y de obligatorio cumplimiento, sobre todo para revertir la situación de los campos españoles y tratar de salvaguardar la actividad agraria y ganadera de cara a 2024, año clave para la supervivencia del gremio.
Unas ayudas de la Unión Europea que no llegan a buen puerto, unas cosechas mermadas por las pésimas condiciones climatológicas del 2023, un aumento de la burocracia y de la presión fiscal... Todo un entramado de factores que han provocado que la agricultura y ganadería estén al borde del colapso. Un nuevo paradigma que ha llegado para quedarse y que los profesionales tendrán que hacer frente para mantener vivos los campos de sus padres y abuelos.
