Moncloa mantiene una mesa de negociación con la Comunidad de Foral de Navarra para perfilar cómo se llevará a cabo la cesión de las competencias de Tráfico. Una decisión que tiene una repercusión directa en 173 agentes de la Guardia Civil que actualmente asumen estas funciones y que, cuando se dé por concluida la interlocución bilateral, no podrán patrullar por las carreteras navarras con su uniforme verde. El Gobierno detalla en una respuesta escrita cuál será el futuro de los guardias civiles, que a través de asociaciones representativas han manifestado su malestar por tener que elegir entre salir de la tierra en la que ya están arraigados o abandonar el cometido que vienen desempeñando durante años, algunos de ellos décadas.
La decisión de ceder las competencias de Tráfico a Navarra se recogió en el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PNV a finales de 2019, imprescindible para que Pedro Sánchez fuese investido presidente del Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy. En el tercer punto del pacto -que constaba de 12 apartados- se contemplaba que la gestión de las vías en la Comunidad Foral pasaría a manos del Gobierno autonómico en un plazo máximo de 6 meses.
Las negociaciones, no obstante, siguen en el aire, habida cuenta de los detalles que quedan por perfilar entre Gobierno central y autonómico. La cesión de las competencias, no obstante, es un hecho, y el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseveró que "ningún guardia civil va a salir de Navarra" tras el traspaso de Tráfico. Los 173 agentes destinados en la región en esta unidad -de un total de 1.623 miembros del Instituto Armado presentes en la región- se preguntaban cómo se gestionaría esa afirmación.
Incertidumbre en la Guardia Civil de Navarra
Ahora el Gobierno sí contempla como una opción la salida de los guardias civiles de la Comunidad Foral. Así consta en una respuesta escrita remitida al grupo parlamentario Vox a través del Congreso de los Diputados. En ella se destaca la posibilidad de establecer una pasarela y que los guardias civiles de Tráfico se incorporen a las mismas funciones en la Policía Foral de Navarra. Fuentes asociativas, no obstante, detallan que la mayoría de los agentes quieren seguir en el cuerpo.
¿Qué ocurrirá con los agentes que decidan no sumarse a esa pasarela con el cuerpo autonómico? El Gobierno ofrece tres posibilidades. La primera, "ocupar puestos de trabajo en la misma especialidad en otras Comandancias", lo que supondría mantener la especialidad de Tráfico pero con un traslado a otra región. La segunda, si quieren permanecer en Navarra y seguir vistiendo el verde, que asuman un destino en "otras especialidades" del cuerpo. La tercera posibilidad es incorporarse a otra unidad en otros puntos del territorio nacional, teniendo siempre en cuenta los derechos preferentes de los agentes recogidos en el artículo 50 del Real Decreto 470/2019, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de destinos del personal de la Guardia Civil.
"El traspaso de competencias se realizará de forma adecuada y ordenada, y de acuerdo con la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía vigentes, como cualquier traspaso de cualquier competencia a cualquier Comunidad Autónoma", apunta el Gobierno en su respuesta parlamentaria.
La incertidumbre sobre la que se sostienen las interlocuciones entre Gobierno central y autonómico provoca un desasosiego entre los 173 agentes de Tráfico que actualmente vigilan las carreteras navarras, señalan fuentes internas a Vozpópuli. El principal obstáculo, señalan, es la falta un horizonte temporal, lo que dificulta la toma de una decisión concreta y que en muchos casos no afecta únicamente a los agentes, sino a sus familias.
Como ejemplo señalan las dificultades para gestionar el comienzo del curso escolar. De acuerdo a las primeras informaciones facilitadas por el Gobierno y siguiendo el plazo suscrito entre PSOE y PNV, las competencias de Tráfico ya se deberían haber traspasado a Navarra. Sin embargo, el proceso, lejos de culminar, sigue en marcha. Los guardias civiles han escolarizado un año más a sus hijos en centros educativos de la región sin la certeza de si seguirán todo el curso o de si tendrán que mudarse en cuestión de semanas o meses.
