El major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha iniciado su declaración en la Audiencia Nacional como imputado por un delito de sedición cuatro horas después de su llegada al tribunal madrileño. El máximo responsable de la policía autonómica catalana acudió vestido de paisano, y no con el uniforme oficial, tal y como acudió a su primera comparecencia, el lunes pasado.
Trapero, la intendente de los Mossos Teresa Laplana; y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, están imputados por sedición por los ataques que sufrieron los guardias civiles y los integrantes de la comitiva judicial el 20 y 21 de septiembre durante los registros ordenados por el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, que también dispuso la detención de 14 personas que organizaban el referéndum del 1-O suspendido por el Tribunal Constitucional.
A Trapero le han precedido los testigos del asedio de la Conselleria de Economía y Hacienda. En concreto han comparecido la letrada de la Administración de Justicia que encabezó los registros, y dos de los guardias civiles que se vieron obligados a refugiarse ante los ataques de las alrededor de 40.000 personas que trataron de impedir la acción de la justicia.
Según los informes de la Guardia Civil, estas personas fueron movilizadas por la Asamblea Nacional Catalana y por Òmnium Cultural utilizando las redes sociales, que ya han sido bloqueadas por orden judicial.
Cuando acabe de declarar el major de los Mossos, que tendrá que explicar el motivo por el que los Mossos no impidieron el asedio a los guardias y el ataque a tres coches patrulla el 20 de septiembre, será el turno de Jordi Sánchez y de Jordi Cuixart.
La Guardia Civil reclamó a la jueza Lamela que bloqueara las cuentas de la ANC y de Òmnium, una cuestión que por el momento no ha sido decidida por la magistrada.
