El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha convocado para el próximo lunes una nueva reunión después de que este sábado ordenara que la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior coordinara las actuaciones de los Mossos, Policía Nacional y la Guardia Civil en lo referente al referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, el conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha asegurado que el Govern no acepta la "injerencia del Estado en los Mossos d'Esquadra porque se salta todos los órganos que el marco jurídico dispone para coordinar la seguridad de Cataluña".
En una declaración institucional, Forn ha lamentado que el Ministerio de Interior quiera asumir la coordinación de los Mossos y ha explicado que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha expresado también en el encuentro mantenido este sábado "la voluntad del cuerpo de no aceptar la coordinación del representante del Estado español".
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, jefe de Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, será la persona encargada de coordinar el despliegue policial de todos los Cuerpos policiales, bajo la dirección directa del fiscal superior de Cataluña.
El representante del Ministerio Público ha tomado esta decisión, en el marco de la Ley Orgánica de 1986 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la vista de que la Generalitat no desconvoca el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y tras la escalada de tensión por las protestas convocadas por organizaciones independentistas.
Esta orden no supone asumir ninguna competencia exclusiva de los Mossos, según explicaron a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, que recordaron que tras los atentados de Cataluña del pasado mes de agosto se tomó una decisión parecida para coordinar las investigaciones.
El fiscal jefe comunicó el 8 de septiembre a Trapero y a los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña la instrucción 2/2017 en la que ordenaba a estos tres cuerpos policiales a que actuaran en auxilio judicial para impedir los preparativos del referéndum del 1 de octubre.
