El Tribunal de Cuentas (TdC) ha dado más que un tirón de orejas a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El último informe del ente fiscalizador ha aflorado un 'agujero' de más de 2.000 millones de euros en las subvenciones concedidas por la AECID para proyectos de ayuda al desarrollo en el exterior. Un 'agujero' que tiene que ver con los importes de dinero público que, de haberse utilizado de forma injustificada, el Estado ya no podría reclamar, según aclaran a Vozpópuli fuentes tanto del TdC como de la propia AECID.
El Tribunal ha contabilizado así en 2.038.655.925 euros la cantidad de dinero que suman los expedientes de subvenciones que ya habrían prescrito - es decir, sobre aquellos respecto a los que el Estado español habría perdido ya el derecho a un reintegro - y sobre cuyo desenlace el órgano regulador no ha podido encontrar suficiente información para saber si estuvieron finalmente justificadas o no.
Según el mismo estudio, "hasta el ejercicio 2011 no se inició un proceso de homogeneización de los procedimientos de revisión de la AECID. No existían datos uniformes, ni aplicaciones informáticas que ofreciesen información sobre el estado y situación de la justificación de las ayudas concedidas. Por ello, en
septiembre de dicho año se firmó una encomienda de gestión con la empresa pública TRAGSA en la que se le encargó ordenar y crear una aplicación que pusiera fin al desorden existente".
Así, el Tribunal de Cuentas dice haber detectado ahora 4.005 expedientes que, "aunque figuraban en la Base de datos de TRAGSA en diversas situaciones como "antiguas", "en plazo de ejecución", "en plazo de presentación de justificación" o "en fase de subsanación", sin embargo, se ha observado el transcurso de más de cuatro años sin la realización de actuaciones por parte de la AECID que hayan interrumpido el cómputo del plazo de prescripción del derecho a reconocer o liquidar el reintegro, según lo previsto en el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones. En la fiscalización no se ha podido determinar el importe derivado de las eventuales subvenciones indebidamente justificadas, por lo que, en consecuencia, no ha sido posible conocer las cantidades prescritas".
"Seguimiento defectuoso"
En la misma línea, el Tribunal de Cuentas explica que ha llevado a cabo su fiscalización "con la información disponible en los registros auxiliares del Área de Seguimiento y Reintegro de Subvenciones (ASRS) y en la documentación obrante en los expedientes, pudiéndose, según ha informado la entidad (AECID), haber realizado actuaciones por parte de las distintas unidades gestoras que no hayan sido comunicadas al ASRS. Todo ello exige una revisión sistemática del estado en el que se encuentran las ayudas, así como agilizar los trámites para evitar la prescripción del derecho a reconocer o liquidar los reintegros".
Fuentes del Tribunal de Cuentas confirman así a Vozpópuli que los 2.000 millones antes referidos forman parte de "un importe que se ha concedido, de expedientes de subvención cuyo posible reintegro habría prescrito, pero en la fiscalización no lo hemos podido saber, ya que la AECID (como se dice en el propio informe) hace un seguimiento defectuoso, y no ha revisado esta cuestión, y sin embargo, podrían estar justificados".
La respuesta de la AECID
Así las cosas, este periódico se ha puesto en contacto con la AECID para conocer su posición. "El número e importe de subvenciones calificadas como prescritas no significa que se hayan justificado indebidamente y debieran haber reintegrado estas cantidades, sino que por haber superado el plazo de los 4 años desde el último acto administrativo notificado, en caso de una justificación indebida la administración no podría reclamar", responden en primer lugar desde la entidad.
Así, esgrimen que "el motivo por el cual han prescrito estas subvenciones son diversos, como extinción de la entidad beneficiaria, extravío de documentación, imposibilidad de notificación, etc. Todas estas subvenciones fueron concedidas en el periodo 2001 hasta 2011. Se debe tener en cuenta que las subvenciones concedidas por la AECID son mayoritariamente a entidades extranjeras en países en desarrollo donde las condiciones de notificación y justificación son distintas a las de las entidades españolas".
El organismo reconoce igualmente tomar "buena nota del informe del TdC" y trabajar "desde el mismo momento de su recepción en mejorar en todo lo posible con respecto a las observaciones recibidas".
