El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó hoy a España por no proteger la privacidad de magistrados catalanes cuyas fotos y datos policiales fueron filtrados al diario La Razón, que los publicó el 3 de marzo de 2014 con el título "La conspiración de los 33 jueces soberanistas". La sentencia de la demanda "M.D. y otros contra España" impone una indemnización de 4.200 euros por daños morales y 3.993 por costas y gastos para cada uno de los 20 magistrados que presentaron la demanda ante la Corte europea.
En febrero de 2014, 33 magistrados que ejercían en tribunales catalanes firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir del pueblo catalán. En el citado diario aparecieron sus nombres, fotos, tribunales donde trabajaban y, en algunos casos, sus ideas políticas. El fallo del Tribunal de Estrasburgo defiende que "la mera existencia de esos informes policiales, sin base legal alguna, viola el Convenio" Europeo de Derechos Humanos, en concreto el artículo 8 (Derecho al respeto de la vida privada y familiar).
El TEDH da por hecho "que las fotografías de los demandantes publicadas en el periódico procedían de la base de datos policial" y que "no hay otra explicación que la de que las autoridades permitieron que esa filtración fuera posible". Añade la Sala Tercera de la Corte europea que "las investigaciones realizadas sobre las filtraciones fueron insuficientes, ya que al jefe de la Policía de Barcelona, figura clave en la investigación, no se le tomó declaración".
Y afirma que esos procedimientos insuficientes "muy probablemente habrían sido útiles para la investigación de los hechos del asunto y hubieran subsanado la injerencia en los derechos de los demandantes". Así, la Corte europea "no está convencida de que se haya llevado a cabo una investigación efectiva para determinar las circunstancias en las que los periodistas tuvieron acceso a las fotografías de los demandantes y, en su caso, sancionar a los responsables".
El procedimiento penal en España fue llevado, primero, por el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona y se trasladó, después, al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Tras su paso por la Audiencia Provincial de Madrid, el caso fue archivado por el juez de instrucción de Madrid "al no poder identificar al responsable de los hechos delictivos de que se trata".
