La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dado ya traslado a la Fiscalía del expediente de petición de indultos para los líderes independentistas catalanes condenados por sedición. De este modo, el alto tribunal que les condenó a penas de hasta 13 años de cárcel inicia así el trámite de petición de informes que puede prolongarse durante meses. Según las fuentes jurídicas consultadas, es poco probable que concluya antes de las elecciones autonómicas catalanas del 14 de febrero.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli confirman que el paso de pedir opinión al Ministerio Público ya se ha dado. Llega más de dos meses después de que el Ministerio de Justicia iniciara el proceso y remitiese al Supremo la primera petición de indulto. La registró el 9 de enero un veterano abogado catalán llamado Francesc Jufresa, experto en Derecho Penal.
El trámite exige que se pronuncie la Fiscalía del Tribunal Supremo. Lo previsible es que lo hagan los mismos fiscales que ejercieron la acusación durante el juicio de 2019 y que pidieron altas condenas por rebelión. También solicitaron -sin éxito- que la sentencia del tribunal incluyera un periodo de seguridad para que los dirigentes catalanes no pudieran optar a la semilibertad hasta cumplir al menos la mitad de su condena.
Fuentes conocedoras de la tramitación dan por hecho que la Fiscalía informará en contra del indulto como antesala de un también un cada vez más previsible rechazo en el Supremo. Los jueces de la Sala de lo Penal del Alto tribunal ya han mandado mensajes contrarios a adelantar la salida de prisión de los condenados. La última tuvo lugar la semana pasada cuando tumbaron todos los terceros grados concedidos por las prisiones catalanas así como las salidas diarias en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Señales del Tribunal Supremo
En sus explicaciones, los jueces llegaron a defender sus penas impuestas y a advertir de que su sentencia “no tiene que ser permanentemente reinterpretada”. Ya hace meses, el Supremo también salió rápidamente al paso de los rumores que especulaban con una posible excarcelación de los dirigentes durante la pandemia para que siguieran cumpliendo su pena en casa por motivos de salud. Los jueces advirtieron de las consecuencias legales que tendría esa medida para los funcionarios que lo autorizasen.
Además del fondo, el proceso judicial del indulto también se erige como obstáculo para el calendario que desearían algunos miembros o sus partidos de cara a las elecciones catalanas. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, pidió al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que acelerase la tramitación para que hubiera una resolución antes de los comicios. Nada indica que eso pueda ser así.
Cuando a finales de septiembre el ministro anunció en el hemiciclo que una semana después comenzarían el trámite, su equipo barajaba un plazo de seis meses. En la documentación oficial a la que ha tenido acceso Vozpópuli remitida por Justicia al Congreso de los Diputados, amplían esos cálculos a entre siete y diez meses.
La intención del Tribunal Supremo es pedir opinión además a la Abogacía del Estado al haber defendido los intereses del Estado como perjudicado en lo que atañe a la malversación por la que fueron condenados varios de los procesados. La Ley del indulto -del año 1870- contempla que se pida opinión a la parte afectada antes de que el tribunal sentenciador emita su opinión, que no es vinculante frente a la decisión final, que compete al Gobierno.
