La doctrina del banquero Sáenz, mucho mejor que la doctrina el etarra Parot. Los abogados de Arnaldo Otegi, el dirigente de la izquierda abertzale encarcelado desde octubre de 2009 y condenado recientemente por el Tribunal Supremo a seis años y medio de cárcel por el caso Bateragune, estudia presentar en los próximos días ante el Constitucional un recurso de amparo a esta sentencia en el que pedirá, además de su absolución, la suspensión de la ejecución de la misma mientras el Alto Tribunal toma una decisión. De este modo, según fuentes políticas vascas, Otegi pretende abandonar la prisión para participar, aunque no pueda ser candidato a lehendakari, en la campaña de las próximas elecciones autonómicas vascas, que muy posiblemente se adelantarán al otoño.
Siempre según estas fuentes, el ejemplo en el que se mira la defensa de Otegi para solicitar esta suspensión cautelar de la ejecución de la pena es la del banquero Alfredo Sáenz, condenado el pasado mes de noviembre por el Supremo a tres meses de arresto y a la inhabilitación para gestionar entidades financieras. Sáenz anunció poco después de conocerse la sentencia su intención de recurrir la misma ante el Constitucional y, a la vez, pedir el indulto al Ministerio de Justicia. Después solicitó la suspensión de la condena a la Audiencia de Barcelona, que fue quien le había condenado en primera instancia, para evitar tener que dejar su cargo de número dos del Sántander mientras se resolvía dicho recurso. La Justicia accedió a esta petición. Finalmente, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero lo indultó en el último Consejo de Ministros y Sáenz ha podido seguir en la dirección del Santander.
El recurso ante el Alto Tribunal esgrimirá la falta de pruebas como principal argumento para pedir la absolución de los cinco condenados
Ahora, la defensa de Otegi y de los otros cuatro condenados en el caso Bateragune --el ex secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez-- prenteden conseguir para todos ellos un trato similar. Siempre según las fuentes jurídicas consultadas, la defensa de ellos baraja presentar junto al recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales un escrito solicitando la suspensión de la ejecución de la pena al Constitucional. En teoría, apuntan las mismas, esta solicitud se debería presentar ante la Audiencia Nacional, que fue quién impuso la primera condena a los cinco. El objetivo no es otro que conseguir que todos ellos abandonen la cárcel, tras más de dos años y medio en prisión preventiva por esta causa, y que puedan participar en la campaña de las autonómicas, donde la izquierda abertzale aspira a conseguir los mejores resultados electorales de su historia a pesar de no tener aún un candidato claro a lehendakari que reemplace a Otegi, inhabilitado para concurrir por otra sentencia anterior.
El recurso de la defensa, que debe ser interpuesto antes del 22 de junio para no llegar fuera de plazo, solicitará también la absolución de los cinco condenados al considerar que no había pruebas suficientes para condenarlos y que, por tanto, se vulneró su presunción de inocencia. En este sentido, los abogados utilizarán los dos votos particulares que acompañaban la sentencia del Supremo que fijó las penas entre los seis años y medio para Otegi y Díaz Usabiaga, y los seis años para los otros tres condenados. Uno de estos jueces discrepantes, Alberto Jorge Barreiro, consideraba que las pruebas esgrimidas sí pueden servir para ilegalizar una formación política, pero no para condenar a personas concretas. El segundo voto contrario a la imposición de la pena fue redactado por Miguel Colmenero, quien sencillamente defiendía que el juicio que celebró la Audiencia Nacional contra todos ellos debería ser anulado al considerar que la magistrada que presidió la Sala, Ángeles Murillo, no era imparcial.
A la espera del fallo sobre Sortu
De este modo, el Tribunal Constitucional tendrá en breve sobre la mesa dos recursos claves para el futuro a corto plazo de la izquierda abertzale, ya que aún debe resolver el que se presentó por la ilegalización de Sortu, la marca con la que quiere participar en los próximos comicios autonómicos. En éste, como pasa en el del caso Bateragune, los abogados de la formación política utilizarán los votos discrepantes que en su día emitieron siete magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo a la sentencia que dejó fuera de la ley a ésta, además del contenido del fallo del propio Constitucional que permitió a Bildu presentarse a las elecciones municipales de hace un año. Sin embargo, el debate en el Constituiconal sobre Sortu, que debía haberse iniciado la semana pasada, se ha retrasado después de que el alto tribunal lanzase un ultimatum al Gobierno y a la oposición socialista para que procedan a renovar rápidamente a los integrantes del mismo bajo la amenaza de "medidas drásticas". Un nuevo obstáculo judicial para una izquierda abertzale que ya ha interiorizado que Otegi no puede ser su candidato a lehendakari, pero que esperaba la legalización de Sortu para antes del verano.
