El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha notificado personalmente al presidente de la Generalitat, Artur Mas, el apercibimiento del Tribunal Constitucional (TC) de las consecuencias de no acatar la suspensión de la resolución independentista del Parlament. Según ha informado el TSJC, un grupo de secretarios judiciales, encabezados por el secretario de gobierno del alto tribunal catalán, se han desplazado esta mañana al Parlament para entregar las notificaciones en mano a Mas, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la mesa.
A primera hora de la tarde, los secretarios se han desplazado a las sedes de los departamentos del Gobierno catalán para notificar personalmente la advertencia del Constitucional a los consellers de la Generalitat, algunos de los cuales ya la han recibido en mano, según fuentes del ejecutivo autonómico. La providencia que este jueves se ha notificado a 21 cargos públicos señalados por el Constitucional les advierte de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en que pudieran incurrir".
Otros cargos que han recibido el apercibimiento
Los cargos que han recibido el apercibimiento del TC son el presidente de la Generalitat en funciones, los miembros de su Gobierno, la presidenta del Parlament, el secretario de la cámara catalana y todos los integrantes de la Mesa, presidida por Carme Forcadell, de Junts pel Sí (CDC y ERC), pero de la que también forman parte diputados de Ciudadanos, PSC y Catalunya Sí que es Pot (ICV y Podemos). De esta forma, han sido advertidos por el TC de las consecuencias de incumplir la suspensión acordada diputados de todo el arco político del Parlament, con la excepción de la CUP -formación que precisamente alienta la desobediencia al tribunal- y el PP, dado que no forman parte de la Mesa.
El TSJC ha sido el encargado de llevar a cabo las notificaciones, dado que así está previsto en la nueva ley del Tribunal Constitucional, que delega en los tribunales autonómicos la ejecución de sus resoluciones. El Tribunal Constitucional decidió este miércoles que su resolución se notificara en mano a los cargos públicos afectados, lo que se incluye entre las prerrogativas de la última reforma de la ley orgánica que rige su funcionamiento. Además, la resolución del TC da un plazo de diez días al Parlament, a través de su presidenta, para que pueda personarse en el proceso y presentar alegaciones.
