El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha reconocido este lunes que existe un acuerdo con la Comunidad de Madrid para pagar, a través de la empresa Indra, a jueces, secretarios judiciales y otros funcionarios para que colaboren en la renovación tecnológica. Vieira se refiere así, en un comunicado remitido por el TSJM, a la información publicada por el diario El País, según la cual el Gobierno regional mantiene desde 2011 un pacto con Indra para pagar a jueces, fiscales y secretarios judiciales como asesores de un proyecto para introducir mejoras informáticas en los juzgados.
"Como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) una compensación económica que realizó la empresa Indra, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este sistema", detalla Vieira, que argumenta que entendió que tanto su actuación como la de otros magistrados "estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al Consejo General del Poder Judicial la autorización o conocimiento de compatibilidad" que prevé el Reglamento de la Carrera Judicial. La nota precisa que todas las cantidades percibidas -más de 200.000 euros entre 32 juristas, según El País- han sido declaradas a Hacienda.
Vieira reclamó en su momento una compensación económica a cambio de colaborar por Indra. Él es uno de los que la perciben
La información asegura que el presidente del TSJM expuso en su momento que los jueces no iban a colaborar con Indra si no percibían una compensación económica, y que Vieira es uno de los que recibe esas primas.
Vieira explica que la Comunidad puso en marcha en 2010 en decanatos, órganos judiciales y fiscalías un sistema de gestión procesal que cuenta con el denominado Compositor de Documentos: una herramienta cuya función es la de ayudar a generar documentos utilizados en la tramitación de expedientes judiciales.
La Comunidad de Madrid requirió entonces de la colaboración de jueces y magistrados, además de otro personal de la administración de Justicia, y se constituyeron grupos de trabajo en cada orden jurisdiccional. Cada grupo de trabajo se formó con un magistrado y un secretario judicial designado por el TSJM, a los que se encomendaron tareas de colaboración en la implantación de este sistema, según relata el comunicado.
Labor "esencial"
El presidenta del TSJM subraya que la intervención de estos equipos "ha sido esencial para dotar a los juzgados y tribunales de las herramientas informáticas adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración". "Todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes", precisa la nota.
"Desde el comienzo de la actuación de estos grupos de trabajo y comités, he entendido que mi actuación y la de los magistrados integrados en esos grupos estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorización o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el reglamento de la carrera judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su artículo 343", añade el presidente del TSJM. Concluye asegurando que "esta actividad es una forma de producción jurídica que redunda directamente a favor de la Administración de Justicia", por lo que en su opinión está "exceptuada" del régimen de incompatibilidades.
