La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana el delito de tráfico de influencias por mediar en una operación entre el conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, y la exalcaldesa de Madrid Ana Botella consistente en la realización de servicios de mejora de imagen a la exedil por parte de empresas de este informático experto en reputación online.
Así consta en un nuevo informe incorporado a la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y al que ha tenido acceso Europa Press, que concluye que el expresidente de la Generalitat Valenciana, a instancias del también investigado Antonio Alonso Conesa, medió para que el empresario De Pedro presentara su propuesta de servicios de reputación en un encuentro que tuvo lugar en el verano de 2013 en una casa que Ana Botella y José María Aznar poseen en Málaga.
El informe recoge que se acordó inicialmente la cantidad de 60.000 euros para un supuesto Plan de Medios si bien ante la dificultad de materializar la propuesta, como alternativa para el pago a las empresas de De Pedro, se designó a Maldiva --empresa investigada en la trama-- como subcontratista en un contrato público municipal.
La solución que se barajó por parte de De Pedro para abonar los trabajos reputacionales para Botella consistían en facturar servicios de consultoría al Consistorio madrileño o campañas de publicidad en diarios digitales de Madiva, según reza el informe que obra en el sumario de la causa y que precisa que entre la documentación incautada hay escritos en los que se hace referencia a horas de trabajo vinculados con la exregidora.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN
Al parecer existieron problemas para materializar una primera propuesta de acuerdo dado que el informático no tenía las cabeceras digitales previstas (vinculadas a diversos distritos de la capital) de ahí que se pusiera en marcha un plan alternativo consistente en la inclusión de Madiva como subcontratista de un contrato público del Ayuntamiento adjudicado a otra empresa. Por estos hechos, la Guardia Civil imputa a De Pedro un presunto delito de malversación.
Igualmente atribuye a Conesa la comisión de un posible delito de tráfico de influencias al haber mediado, en calidad de socio de De Pedro, entre éste y Zaplana para la concreción de la prestación de servicios a Botella en los años en los que fue alcaldesa del Ayuntamiento madrileño.
