Empresas privadas, pero también una pública. Y, sobre todo, muchas consejerías implicadas. La 'Operación Tosca' de la Guardia Civil que este martes ha permitido desmantelar una trama de políticos, funcionarios y empresarios que presuntamente amañaban en Melilla contratos con la Administración ha destapado una red en la que supuestamente participan las mercantiles Eulen, Himosa e Hispanagua SAU (esta última filial del Canal de Isabel II, la empresa que gestiona el agua de Madrid), pero también una sociedad de capital público, Proyectos Melilla SA (Promesa). Todo ello con la supuesta implicación de cargos de cinco de las diez consejerías que forman el ejecutivo autonómico del 'popular' Juan José Imbroda. Uno de los quince arrestados es el director general de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo. Además, en los próximas días acudirán a declarar ante el juez otras 20 personas como imputadas, entre las cuales hay al menos dos consejeros, según confirmó anoche el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En febrero de 2014, la Guardia Civil ya registró las sedes de las consejerías de Medio Ambiente, Fomento y Hacienda, junto a los de las empresas Hispanagua y Eulen
Las detenciones de este martes vienen precedidas de una larga investigación que se inició de modo casi accidental en 2012 (ver recuadro) y que desembocó en octubre de 2013 en la 'Operación Opera' en la que fueron imputados el entonces responsable de la Consejería de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, el anterior Consejero, Ramón Gavilán, y el Director general del área, José Pastor, así como el jefe del negociado de protección de ambiente urbano de la Consejería, Carlos López Rueda. Entonces se investigaba un fraude de varios cientos de miles de euros cometidos presuntamente por los arrestados para favorecer a un pequeño empresario local, para lo que fraccionaban las adjudicaciones y así evitar los concursos públicos.
Sin embargo, la abundante documentación intervenida entonces reveló que lo que parecía una corruptela a pequeña escala era, en realidad, algo mucho más extendido. Tanto, que los agentes de la Comandancia de Melilla pidieron la ayuda de los especialista de la Unidad Central Operativa (UCO), quienes se hicieron cargo de las pesquisas en febrero de 2014. Poco después, el Grupo de Delitos contra la Administración de la unidad del élite de la Guardia Civil abría la 'Operación Tosca' y ese mismo mes realizaba los primeros registros para intervenir nueva documentación. En concreto, entraron en tres consejerías y dos empresas privadas. Las primeras fueran la de Medio Ambiente, ya registrada durante las detenciones de octubre, la de Fomento y la de Hacienda. Además, los agentes de la UCO visitaron las oficinas de Hispanagua y Eulen, dos mercantiles que en los últimos años habían recibido numerosas adjudicaciones del gobierrno de la ciudad autónoma.
Adjudicaciones "jugosas"
Desde entonces hasta ahora, exactamente un año, la Guardia Civil ha analizado la documentación intervenida hasta detectar numerosas irregularidades, algunas de ellas no referidas a contratos menores, como los de la 'Operación Ópera', sino a adjudicaciones "mucho más jugosas", según apuntan fuentes cercanas a la investigación. Así, además del fraccionamiento para evitar convocar concursos públicos, los especialistas de la UCO han encontrado casos en los que funcionarios y altos cargos del Ejecutivo de Melila concertaban previamente los contratos con algunas de las empresas investigadas, llegándose a dar el caso de que algunas de éstas redactaban los pliegos 'a medida' para que las adjudicaciones recayeran sobre ellas. Una nota de prensa de la propia Guardia Civil destacaba ayer que los implicados acababan "viciando procesos de contratación y persiguiendo intereses personales o empresariales en lugar del interés general". Como pago por estas corruptelas, los investigadores no han localizado aún entregas de dinero ni regalos, pero sí favores a políticos como dar puestos de trabajo a familiares en las mercantiles de la trama.
Este martes ha sido registrada la sede de la sociedad pública Proyecto Melilla SA (Promesa), en cuyo Consejo figuran dos cargos políticos detenidos en octubre de 2013
Con todos estos datos sobre la mesa, la Guardia Civil inició este martes las detenciones. En total, han sido arrestadas quince personas, entre las que se encuentran miembros de las empresas investigadas, funcionarios y cargos públicos de segundo nivel de al menos cinco consejerías: Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Cultura y Fomento, además de la viceconsejería de Festejos. Los agentes también han entregado ya una veintena de citaciones a otras tantas personas para que los próximos días comparezcan ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla como imputados. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entre estos últimos están "consejeros y técnicos de tres consejerías [...] a los que se relaciona con estos presuntos delitos de prevaricación, malversación fraude y cohecho".
Entre los quince detenidos hay dos miembros de la empresa pública Proyecto Melilla SA (Promesa), cuya sede en el polígono industrial Sepes de la localidad norteafricana fue registrada. Esta empresa, cuyo objeto social es "promover e impulsar el desarrollo socio económico" de la ciudad autónoma, tiene precisamente entre los integrantes de su Consejo de Administración a los dos consejeros de Medio Ambiente que fueron imputados en octubre de 2013: Ramón Gavilán y José Ángel Pérez Calabuig, aunque ninguna de ellos ha sido arrestado este martes. "Promesa es una pieza más de un entramado que se va extendiendo más y más según se avanza en las investigaciones", señalan fuentes conocedoras de las pesquisas, que añaden que, por ello, "aún es difícil cuantificar a cuánto asciende el fraude en el amaño de los contratos".
