La UCO rastrea los correos del hermano de Pedro Sánchez para arrojar luz sobre su contrato con la Diputación

La UCO de la Guardia Civil analiza ya toda la documental incautada en la Diputación de Badajoz este miércoles en busca de pistas que arrojen luz sobre una posible irregularidad en el contrato con el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los agentes ponen el foco en los correos electrónicos de la cuenta oficial del músico ante las dudas acerca de si acudía a su puesto de trabajo con regularidad.

Fuentes próximas de la investigación confirman a Vozpópuli que el siguiente paso ahora es analizar todo el material que los agentes de la UCO requisaron durante las cuatro horas que duró el registro. En el marco del mismo participó el propio David Sánchez, quien mostró plena colaboración con las pesquisas. La Diputación de Badajoz también anunció que estaba al servicio de la Justicia.

Sin embargo, del sumario de esta causa judicial se desprende que el registro ordenado por la juez se acuerda tras semanas tratando de recibir documental clave de la Diputación. De hecho, las fuentes consultadas aclaran que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, abrió una pieza separada que declaró secreta para practicar esta diligencia. Se espera que levante el secreto en cuestión de horas.

El contrato del hermano de Pedro Sánchez

Con este registro la juez da impulso a unas diligencias que arrancaron a tenor de una denuncia de Manos Limpias contra David Azagra -nombre artístico del músico- y también contra dos personas más: el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el jefe de servicio de apoyo jurídico e inspección del área de Recursos Humanos de la diputación, Alejandro Cardenal. La querella interpuesta posteriormente se centra solo en el músico.

Los primeros pasos de la juez consistieron en recabar el contrato que firmó la Diputación de Badajoz con el músico en julio de 2017 a la par que la información sobre la comisión de investigación abierta en el organismo.

El objetivo de la instructora es esclarecer, por un lado, si el hermano de Pedro Sánchez cumple con lo recogido en su contrato laboral y, por otro, investigar un presunto enriquecimiento ilícito, ya que los denunciantes le atribuyen un patrimonio de 2 millones de euros que no habría justificado ante el fisco.

El músico, que ya está personado en las pesquisas, ha negado cualquier irregularidad con los hechos, denunciando además que esta investigación penal tiene unos claros tintes políticos. Sin embargo, la juez continúa adelante y ha encargado además a la Agencia Tributaria que informe acerca de dónde tiene fijada su residencia fiscal ya que la denuncia determina que vive en la localidad portuguesa de Elvas.

Además, también ha solicitado las declaraciones tributarias presentadas en los últimos cinco períodos impositivos, y un examen de las mismas para saber "si de ellas puede deducirse algún indicio de delito". La Fiscalía, por su parte, se ha limitado a oponerse a la apertura de esta causa penal.

Contrato de "plena dedicación"

El procedimiento, en el marco del cual también litiga Vox, ha avanzado las últimas semanas en función de la documental que ha ido incorporando la Diputación de Badajoz. Así, tras revisar una primera tanda de papeles enviados al juzgado, la juez avisó de que las cláusulas del contrato determinaban que el hermano de Pedro Sánchez tenía que prestar sus servicios en el Conservatorio de Música y que debía estar disponible.

Por ese motivo envió una segunda solicitud para que informaran acerca de si existía algún sistema de control horario de entrada y salida que le vincule como personal de alta dirección, así como registros del mismo desde la fecha de su contratación y localización física del despacho donde desarrolla sus funciones habitualmente.

Además, y dado que el contrato le exige "plena dedicación", pidió que se aclarase si estaba autorizado para compatibilizar su labor profesional con cualquiera otra de naturaleza pública o privada. Al respecto, el ente que preside el socialista Miguel Ángel Gallardo, expuso que el músico no se había acogido a ningún régimen de teletrabajo y, remitió además abundante información sobre el Programa de Ópera Joven que desarrolla el artista.

Sobre éste especificó que el mismo se había costeado de manera íntegra con fondos autonómicos, ante la pregunta de la juez de si se habrían nutrido con partidas autonómicas, estatales o europeas. "Los espectáculos y actividades del programa Ópera Joven se han financiado exclusivamente con fondos de la Diputación de Badajoz por lo que, en ningún momento, las actividades vinculadas a este programa han recibido financiación vía fondos europeos o del Ministerio de Cultura", alegaron.

Los papeles que busca la juez

Del mismo modo, la Diputación informó acerca de las partidas abonadas a David Sánchez desde que se firmó el contrato en 2017 hasta la actualidad. El músico se impuso al resto de candidatos a este puesto público al obtener 90 puntos de un total de 100 para acceder al puesto. Los criterios fueron subjetivos.

Como desveló este medio, David Azagra ha percibido 280.845 euros repartidos en ocho ejercicios. En este tiempo, el músico disfrutó de una excedencia de 10 meses y también de una baja por paternidad. A la juez le llamó la atención especialmente que ganara la plaza como "coordinador de actividades de conservatorios" y que, en 2021, fuera ascendido a "jefe de Oficina de las Artes Escénicas".

Preguntada la Diputación por este extremo, respondió que el cambio de nomenclatura "únicamente respondió a un cambio de denominación del puesto", sin que de ello derivara un aumento del sueldo pactado.

Con todo, el pasado 3 de julio la instructora volvió a dirigirse a la Diputación para insistir que remitieran al juzgado "nuevamente y de forma correcta" el expediente por el cual se modificó el cargo para el que fue contratado y todo lo relativo al régimen horario, compatibilidad y localización del puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Además, desestimó el recurso interpuesto por la defensa del hermano del presidente del Gobierno en relación a la batería de diligencias acordadas y no solo las confirmó sino que defendió la utilidad de las mismas.

"Las aclaraciones dirigidas a la Diputación devienen necesarias pues no se han especificado extremos tan simples como el lugar determinado y el efectivo cumplimiento del horario por parte del Sr. Sánchez, así como la documentación relativa al denominado 'Cambio de nomenclatura' de sus funciones", expuso la juez en un auto del pasado mes de junio.

La instructora matizó que, "si bien su defensa considera extremos que quedarían fuera del ámbito penal, todas las circunstancias relativas a los mismos tendrían relación directa con la existencia de indicios de los delitos contra la Administración Pública investigados".

Las diligencias se abrieron por presunta prevaricación, tráfico de Influencias, malversación y enriquecimiento ilícito, además de delitos contra la Hacienda Pública.