Las ONG y las organizaciones sociales en Europa están siendo sometidas a distintos tipos de presión, desde restricciones en su financiación a obstáculos legales e incluso agresiones físicas, una situación que la Unión Europea (UE) califica de "inaceptable" en un informe publicado hoy.
Cambios en la legislación o una inadecuada aplicación de las leyes, obstáculos para acceder a financiación, ataques y descalificaciones son algunas de la situaciones que denuncia la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la UE en su reporte.
El documento indica que las ONG y organizaciones de la sociedad civil consultadas informan de que se ha vuelto más difícil para ellas contribuir a la protección de los derechos humanos en la UE. "Una democracia próspera necesita de una saludable sociedad civil. Desafortunadamente, la sociedad civil de la propia UE enfrenta un patrón de amenazas y presiones en muchas partes de la UE", denuncia al respecto Michael O'Flaherty, director de la FRA.
El informe, basado en versiones de las más de las 500 ONG con las que la FRA colabora habitualmente, define cuatro grandes ámbitos de problemas, que se dan con más o menos gravedad en los distintos países: amenazas y ataques, cambios legales, problemas de financiación y falta de implicación de la sociedad civil. "Afrontar esta inaceptable situación debería ser una alta prioridad para los legisladores a nivel de la UE y nacional", reclama O'Flaherty en un comunicado.
Desde 2013
La situación ha empeorado especialmente en los últimos cinco años, explica a Efe Waltraud Heller, una de las autoras del informe, quien recuerda que las primeras alertas se remontan a 2013 y tenían que ver con el acceso a fondos derivado de la crisis financiera.
Heller explica que los problemas de las ONG se dan, en distinta medida y ámbitos, a lo largo de toda la Unión Europea, sin distinciones entre países grandes o pequeños, del este o del oeste y con distintos tipos de gobierno. "Hungría y Polonia han salido mucho en los medios. En esos países es evidente, pero hay otros países en los que también hay esos problemas y no son tan evidentes", señala en relación a esos dos socios comunitarios en los que sus gobiernos han aprobado leyes que perjudican a las ONG.
La experta explica que los cambios legales que han afectado a las organizaciones tienen en muchas ocasiones que ver con leyes antiterroristas o de seguridad. Esas leyes, según el informe, restringen libertades como el derecho de reunión, como ocurre en Francia tras la declaración del estado de emergencia; permiten la prohibición de una ONG con una vaga justificación, como es el caso de Bulgaria; o limitan el derecho de reunión pública, como en España.
Amenazas y ataques físicos
Respecto a las amenazas y ataques físicos, Heller señala que no hay datos estadísticos, ya que en el registro de esas agresiones no se especifica que están motivadas por un activismo social. "Conozco por conversaciones con muchos activistas que las amenazas son rutinarias", explica la experta.
Con todo, el informe recoge varios ejemplos de ataques y amenazas, como el que sufrió en 2014 la ONG española SOS Racismo, o los sufridos por grupos de defensa de los derechos de los homosexuales en Polonia. Agresiones que, especifica, son iniciativa de particulares y no son orquestadas por los gobiernos en ningún caso, como si ocurre en países fuera de la UE.
Heller se refiere también a los mensajes para desacreditar a ONG por parte de las autoridades de algunos países, como cuando se ha acusado a organizaciones que rescatan a refugiados en el mar Mediterráneo de estar colaborando con los traficantes de personas.
