El juez José María Vázquez Honrubia acordó una suspensión de 48 horas y el juicio de la rama valenciana de Gürtel experimentó un nuevo giro de guión, que terminará con el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo tirando de la manta contra su propio partido. Según avanzan a Vozpópuli fuentes conocedoras de los contactos entre la Fiscalía Anticorrupción y la defensa de Crespo, el exdirigente popular aportará datos que acreditarán la financiación irregular de la formación en Valencia en varias campañas electorales y en concreto sobre el papel de su exsecretario general Ricardo Costa, también procesado.
A cambio, según las mismas fuentes, pretende que el Ministerio Público acepte reducir en torno a la mitad la petición de su pena. La Fiscalía solicita para él una condena total de 24 años de cárcel. La defensa de Crespo, ejercida por el letrado Miguel Durán, tiene ahora dos días para evaluar sus cartas y continuar las conversaciones con el Ministerio Público al que hace apenas unos días le acusó de haber participado en “corruptelas”, unas palabras que motivaron la protesta de la fiscal Myriam Segura.
La condición de Ricardo Costa
Este tsunami en el que también participará el procesado Álvaro Pérez, El Bigotes, trae causa de la confesión prestada el martes en el juicio por el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, quien también ha pactado por su parte con la Fiscalía. Según declaró Correa, Pablo Crespo le comunicó que el exsecretario general del partido en Valencia, Ricardo Costa, había indicado los empresarios a los que Orange Market (empresa de la trama) debía facturar los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 si "querían cobrar".
De este modo, Correa fue un paso más allá con respecto al escrito que él mismo remitió al magistrado unos días antes de que comenzase el juicio. En ese documento reconocía que el PP liderado entonces por Francisco Camps pagó a Orange Market en negro y con facturas falsas los servicios prestados para la organización de las citadas campañas electorales. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el PP pagó a esta empresa un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008. Sobre los gastos electorales, se precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron sufragados por los empresarios.
Ese escrito ya hizo pensar a las defensa de Crespo y El Bigotes en un cambio de estrategia, pero las declaraciones de Correa terminaron por forzar a los dos procesados a renunciar a una defensa de máximos. Fuentes jurídicas consultadas advierten de que el margen de maniobra que les queda es reducido y con eso tienen que jugar. El abogado de Crespo, Miguel Durán, garantizó la presentación de datos relevantes al termino de este aplazamiento.
Crespo sabía "el problema", según Correa
Las fuentes consultadas indican que estas revelaciones apuntalarán las declaraciones de Correa en el sentido de que Costa les puso como condición para cobrar acudir a ciertos empresarios. "No se imagina el enfado con el que vino a Madrid", dijo Correa al juez sobre Crespo, su mano derecha, porque en su "actividad anterior era político" y sabía el "problema" que esto podía conllevar.
De fondo, nueve empresarios procesados ratificaron este martes ante el juez que financiaron de forma irregular al PP de la Comunidad Valenciana presidido por Francisco Camps. De este modo, la Fiscalía, que inicialmente solicitaba para los nueve acusados penas de entre cuatro y seis años de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil, ha rebajado su petición a condenas que oscilan entre 15 y 21 meses de prisión por delitos electorales y falsificación en documento mercantil, pero que finalmente serán sustituidas por multas.
Tanto Crespo como Correa y El Bigotes se encuentran ya en prisión preventiva cumpliendo la condena de hasta 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por amañar los contratos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
