Ada Colau y su teniente de alcalde, Janet Sanz, están en el punto de mira de un juzgado barcelonés tras admitir la querella del exarquitecto jefe de Barcelona, Josep Antoni Acebillo, por delito urbanístico y malversación en al aprobación de los proyectos en los nuevos ejes verdes de la 'Superilla' del Ensanche.
La querella de Acebillo llegó al juez el pasado tres de marzo, a poco más de dos meses para las elecciones municipales. La interpuso junto a los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas. Acebillo fue uno de los artífices del urbanismo de la época olímpica de la ciudad condal, de la mano de Pasqual Maragall.
Denuncian la eliminación de una "vía pública esencial" de la ciudad
Los impulsores de la querella ya denunciaron el pasado año ante la Fiscalía -junto a la plataforma Salvem Barcelona- el proyecto, pero el ministerio público archivó la causa al no ver delito.
La nueva querella sostiene que, con esta reurbanización en el marco de la 'Superilla' del Eixample -una de las propuestas estrella del equipo de la alcaldesa Ada Colau para pacificar el tráfico en Barcelona-, "se están transformando sustancialmente, por no decir eliminando, unas vías públicas esenciales de la ciudad", por lo que es necesaria una modificación previa del Plan General Metropolitano (PGM).
En el Ayuntamiento se muestran tranquilos ante la querella que, auguran "acabará igual" que la anterior, y han asegurado que un dictamen de la Generalitat ya avaló el procedimiento sin considerar necesaria una modificación del planeamiento. Además, fuentes municipales consultadas por EFE han apuntado a que los promotores de la querella buscan ahora paralizar el proyecto por la vía judicial. Aseveran, además, que la casa consistorial liderada por Colau aportará toda la documentación que ya logró que Fiscalía archivara la denuncia y, con ella, tienen el convencimiento de que se volverá a dar carpetazo al asunto.
En este sentido, desde el consistorio de Barcelona se subraya que la Generalitat, que es la máxima autoridad en urbanismo, ya hizo un dictamen que avaló el procedimiento del Ayuntamiento, confirmando que no era necesario modificar el planeamiento urbanístico.
En la querella se sostiene por contra que existe una infracción normativa "manifiesta" de la ley del suelo "que puede tener efectos devastadores", tanto para particulares, como comercios en general e, incluso, generar "problemas de accesibilidad a los propios domicilios de servicios básicos" y que también afecta al erario.
