Varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional han pedido explicaciones tras conocerse que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 junto a otros altos cargos militares.
Estas organizaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ven lo sucedido una "grave desconsideración" y censuran que haya "privilegios" porque algunos "intentan adelantarse a los planes del Ministerio de Sanidad por una puerta trasera, por mucho que sean mandos". También hay voces que piden que se depuren responsabilidades, al igual que ha ocurrido con cargos políticos.
"Es una grave desconsideración que mandos del Estado Mayor de la Defensa hayan recibido ya su primera dosis de la vacuna, recordamos que hay colectivos, como es el caso de los guardias civiles, que están trabajando en primera línea frente a la covid-19", ha señalado en declaraciones a Europa Press Pedro Carmona, portavoz de AUGC, asociación mayoritaria en el Instituto Armado.
AUGC recuerda la polémica con consejeros autonómicos y alcaldes que se han saltado el plan de vacunación y ha recordado que el Ministerio de Sanidad tiene que establecer "por fin" un calendario para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
JUPOL, sindicato de la Policía Nacional, también ha pedido explicaciones recordando que han solicitado a Sanidad que establezca este plan de vacunación y que reconsidere su decisión de excluir a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del colectivo de riesgo, debido a su exposición al Covid-19.
"Después de sanitarios y colectivos vulnerables, se debe fijar que para vacunar a policías y guardias civiles, al igual que los militares, hay que priorizar a las unidades de seguridad ciudadana que están en la calle en primera línea, y no los jefes que pocas veces salen de sus despachos", ha defendido el portavoz de JUPOL, Pablo Pérez.
El SUP es otro de los sindicatos de la Policía que ha valorado esta polémica. "Hay compañeros en puestos altamente prioritarios que deberían ser antes que altos mandos", señala Carlos Morales, que apuesta por priorizar en la vacuna contra la covid-19 a servicios médicos, a los que realizan custodias a hospitales o calabozos o a los destinados a la atención directa al ciudadano.
"Nos parece un error que haya colectivos que intenten adelantarse a los planes del Ministerio de Sanidad por una puerta trasera, por mucho que sean mandos", ha valorado la CEP. Este sindicato de la Policía recuerdan que tanto policías como militares son "todos personal imprescindible y de alto riesgo en la pandemia y no puede haber privilegios para nadie en la vacunación".
"El criterio tiene que ser el riesgo que se corre y no los galones que se tengan en el uniforme. Exigimos a Sanidad que priorice nuestra vacunación pero sin distinciones, como parece que está ocurriendo ahora con los mandos militares o personal de misiones en el extranjero", añade la CEP, que como otros sindicatos reitera a la Dirección General y al Ministerio del Interior un protocolo sobre vacunación para proceder "con prontitud y empezando por las unidades más expuestas".
Depurar responsabilidades
El SPP, por su parte, ha señalado que produce "sonrojo" ver que responsables de decir cuándo y quién se debe vacunar lo que decidan es "vacunarse fuera de turno". "Desde luego es necesario esclarecer todos esos hechos lamentables que vamos conociendo y depurar responsabilidades, ya sean políticos, militares o altos cargos de la administración, todos los ciudadanos, sin excepción, nos la estamos jugando", apuntan.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este viernes que la información la desconocía hasta verla publicada en los medios de comunicación y ha pedido un informe al JEMAD para saber en detalle el protocolo que se ha seguido para establecer las prioridades de vacunación dentro del EMAD.
Fuentes del Estado Mayor han explicado a Europa Press que las Fuerzas Armadas cuentan con su propio cupo de vacunas dentro del reparto del Ministerio de Sanidad y, dentro de ellas, el Estado Mayor redactó un protocolo que prioriza al personal sanitario, miembros de las misiones internacionales y después la cadena de mando, siguiendo un criterio de edad.
