La Agencia Antifraude de Valencia, pionera en España en la protección de los denunciantes de corrupción, podrá ya, de forma efectiva, poner multas de hasta 400.000 euros a autoridades o funcionarios que actúen contra otros por denunciar irregularidades y/o obstaculicen su investigación.
Las multas ya están previstas por la ley 11/2016 del 28 de noviembre de ese año. Sin embargo, hasta el pasado 2 de julio no tuvo lugar la primera aprobación técnica del reglamento que desarrolla la ley.
Desde la propia Agencia adelantan que su publicación definitiva en el Butlletí Oficial de les Corts y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, necesaria para que el reglamento entre en vigor, tendrá lugar en los próximos días y/o incluso esta misma semana. Las mismas fuentes reconocen a Vozpópuli que la ausencia de ese reglamento "ha dificultado" hasta ahora la imposición de las multas contempladas por la ley.
300 expedientes
Desde la entrada en vigor de la citada legislación en 2017 se han abierto en torno a 300 expedientes por posibles casos de acoso de funcionarios o autoridades públicas a otros tras denunciar irregularidades - las denuncias tienen que pasar un filtro de veracidad -. Sin embargo, hasta ahora no se ha resuelto ninguno de ellos con multas. Estas, fija la ley, pueden ir desde la amonestación o los 200 euros hasta los 400.000.
Las infracciones más graves incluyen el "incumplimiento de las medidas de protección del denunciante cuando la falta de colaboración haya causado un grave perjuicio al denunciante o a la investigación", "la filtración de información en el curso de la investigación cuando cause graves perjuicios a la investigación o al denunciante", "no comunicar los hechos que sean susceptibles de ser considerados constitutivos de conductas fraudulentas o de corrupción o contrarias al interés general, cuando no haya investigación judicial abierta ante el juez o el fiscal" y las "denuncias manifiestamente falsas que causen graves perjuicios a la persona denunciada".
La agencia vela además para que los denunciantes "no sufran, durante la investigación ni después de ella, ningún tipo de aislamiento, persecución o empeoramiento de las condiciones laborales o profesionales, ni ningún tipo de medida que implique cualquier forma de perjuicio o discriminación".
Nosotros solo podemos poner sanciones de tipo administrativo, corresponde a los juzgados ir más allá y valorar la posible trascendencia delictiva de los hechos
"Nosotros ayudamos a los denunciantes y les prestamos asesoramiento para avanzar en sus denuncias. A la hora de castigar a los infractores, podemos poner sanciones de tipo administrativo, corresponde a los juzgados ir más allá y valorar la posible trascendencia delictiva de los hechos", inciden desde la Agencia.
La oficina remarca en cualquier caso que las sanciones, de haberlas, irán dirigidas a la autoridad o funcionario particular que efectúa la represalia o acoso para que este las pague de su bolsillo, "no a la administración pública involucrada, ya que eso sería un sinsentido".
Dicen igualmente que "nos faltan recursos materiales, igual tardamos 22 días en empezar a trabajar en un expediente que nos llega hoy" - tienen una plantilla de unas 30 personas que este año se ampliará a 38 - y piden la aplicación de mecanismos semejantes a nivel nacional para facilitar la tarea.
A nivel estatal, Ciudadanos, Podemos, Compromís, ERC y Vox han defendido públicamente la puesta en marcha de mecanismos semejantes, al tiempo que el PSOE se ha ceñido a reivindicar la promoción de una ley que incluya los preceptos de la nueva directiva europea en la materia.
