En la sentencia de las tarjetas black dos nombres propios han sido los más perjudicados: el de los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Ambos han sido condenados como autores de un delito de apropiación indebida a las penas más altas entre los 65 acusados de este macroproceso. El primero de ellos, a seis años de prisión; el segundo, a cuatro años y medio de cárcel. Sin embargo, la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional no es firme y contra ella cabe interponer recurso ante el Tribunal Supremo.
Con este escenario, hay dos posibilidades. La primera, que la sentencia no se ejecute hasta que la Sala Segunda del Alto Tribunal resuelva los recursos de casación anunciados tras la notificación de la misma y, la segunda, que la Fiscalía Anticorrupción inste a la ejecución de la misma dada la gravedad de los delitos por los que han sido condenados los principales acusados y ante un posible riesgo de fuga.
El fiscal del caso, Alejandro Luzón, analizará la letra pequeña de la sentencia de 259 folios, ponencia de la magistrada Teresa Palacios, y consultará con la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, qué decisión adoptar.
El representante del Ministerio Público valorará tres datos: si las penas son tan graves y elevadas como para que el riesgo de fuga sea inherente a las mismas -un hecho que fuentes fiscales consultadas por Vozpópuli consideran improbable-; si los acusados podrían huir de la acción de la Justicia por tener otras causas pendientes -tanto Rato como Blesa tienen otros procedimientos judiciales abiertos-; y si el peso de ese posible riesgo de huida es tan fuerte como para privar de libertad a los banqueros sin que haya una sentencia firme previamente.
Una vez que Anticorrupción haya decidido qué postura adoptar, si se decanta por solicitar que se celebre la vistilla prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la petición de medidas cautelares, será la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional -los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel- quien tenga la última palabra. Los jueces pueden estimar o desestimar las medidas excepcionales que solicite el fiscal.
