El juez Velasco preguntó con insistencia el pasado mes de marzo a Arturo Fernández, propietario del Grupo Cantoblanco, sobre la participación de Cristina Cifuentes en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid. El interrogatorio a Fernández se hizo dentro de las investigaciones del juez por la trama 'Púnica'.
El juez intentaba vincular aquella adjudicación a la pertenencia de Cifuentes a Fundescam, una fundación del PP a la que Arturo Fernández había hecho una importante donación.
El presidente del Grupo Cantoblanco explicó a este periódico que desde el primer momento el establecimiento fue un negocio ruinoso "que se ganó en una adjudicación limpia y que no daba ni para pagar a los empleados".
Fernández aseguró que tras su marcha llegó otra empresa que abandonó también porque con esos precios no se podía lograr rentabilidad. Afirmó que en la actualidad han doblado la aportación que se hace a la cafetería para poderla mantener abierta.
En la declaración ante el juez dijo que durante unos años no le importó perder dinero porque de esta forma estaba bien con el “establishment”. No sabía que Cifuentes había estado en la mesa de adjudicación ni que pertenecía como vocal a Fundescam.
Arturo Fernández resultó adjudicatario de esa cafetería frente a otra oferta de una empresa del grupo Sacyr, según explicaron fuentes cercanas al grupo empresarial.
Posteriormente y ya con la crisis a toda velocidad las pérdidas se hicieron muy difíciles de asumir y el empresario decidió abandonar la concesión tras informar a la Mesa de la Asamblea. Los trabajadores se movilizaron y tras algunos meses recibieron sus indemnizaciones.
Fuentes cercanas al Grupo Cantoblanco indicaron que se perdían 60.000 euros al año por lo que se decidió abandonar. Los precios estaban tasados y era imposible sacarle rentabilidad con el personal que exigían, añadieron.
Agentes de la UCO se personaron hace algunos meses en la sede del Parlamento regional de Madrid para recoger los expedientes relativos a la contratación de la cafetería.
