Las víctimas de ETA ya recelan del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El motivo es elevado ritmo de acercamientos de presos etarras llevado a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez en su apuesta por revisar la histórica política de dispersión avalada por los sucesivos ejecutivos desde hace décadas. Según sostienen fuentes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo a Vozpópuli, en septiembre se les trasladó que la cifra rondaría la veintena y ese número ya se ha alcanzado en apenas cuatro meses.
Pese al riesgo que entrañaba esta estrategia, el ministro se marcó como objetivo contar, no tanto con el apoyo de las víctimas, pero al menos sí con la comprensión de un colectivo siempre vigilante. Y lo cierto es que en un primer momento logró moderadamente su objetivo, en parte avalado por su pasado dedicado a la persecución de la banda como juez de la Audiencia Nacional.
Grande-Marlaska no era un desconocido por tanto para las víctimas, que recibieron de buen grado su nombramiento. El ministro tuvo la misión de apagar el ‘fuego’ generado inicialmente por el presidente y el lehendakari Iñigo Urkullu cuando de forma inesperada anunciaron el cambio en materia penitenciaria en junio. Desde el extranjero, tras reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, Sánchez avanzó que empezarían con los internos enfermos y los mayores de 70 años.
La reunión de septiembre
Con esos parámetros se verían beneficiados algunos de los terroristas más sanguinarios como el histórico dirigente de la banda, Santiago Arrospide Sarasola, alias ‘Santi Potros’, de 72 años de edad. Sólo otros dos miembros del Colectivo de Presos de ETA se encuentran también por encima de ese límite: Joseba Arregi (72 años) y Sebastián Etxaniz (75 años).
En el Ministerio se vieron atrapados ante la imposibilidad de matizar en público al líder del Ejecutivo y el compromiso personal del ministro de informar personalmente antes a las víctimas que a la prensa. Desde su Departamento se limitaron a aclarar que cada caso se analizaría individualmente. Fue el 13 de septiembre cuando el ministro citó a la mayoritaria AVT a un encuentro en el que se explicaron más cosas.
La AVT pidió que se exigiese a los etarras colaborar con la Justicia antes de ser acercados, pero este requisito no era asumible por Grande-Marlaska, ya que la ley no contempla esa condición para acceder a acercamientos. Se trata de una competencia exclusiva del Gobierno a diferencia de los permisos de salida y las progresiones de grado, que en última instancia dependen de un juez.
Requisitos que garantizó Interior
A lo que sí se comprometió el ministro fue a que ninguno sería trasladado a cárceles del País Vasco, tampoco se atenderían casos de presos con delitos de sangre (luego se hizo una excepción por motivos de salud que las víctimas entendieron) y que se daría prioridad a aquellos a los que les quedasen pocos años de condena pendiente. Además, garantizó que daría cumplida información de cada movimiento a las víctimas en esa reunión en la que se esbozó la veintena como cifra de etarras que serían acercados.
Desde entonces y hasta ahora eran ya 17 los presos trasladados (en total son 232 internos), pero este viernes El Correo ha desvelado otros tres casos más de los que no se había informado desde el Ministerio. Uno de ellos es Sergio Polo, condenado recientemente a más 100 años de cárcel por tres asesinatos.
Sin informar a sus víctimas que se han enterado por la prensa, Interior le acercó a finales de noviembre 500 kilómetros, desde Algeciras hasta Herrera de La Mancha (Ciudad Real). Este caso ha enojado especialmente a la AVT. Los otros dos son María Lizarraga e Iñigo Gutiérrez, quienes en octubre fueron acercados 200 kilómetros, de Alicante a Valencia. Estos dos son pareja y van a ser padres, según 'El Correo'.
“Por lo que hemos podido saber a través de la prensa, el Ministerio del Interior ha alegado motivos de salud para el acercamiento del etarra Sergio Polo. Unos motivos de salud, que no le impidieron acudir en calidad de acusado a un juicio el pasado mes de marzo en el que la AVT intervino como acusación popular. En este juicio, Polo no mostró síntoma alguno de arrepentimiento, colaboración con la justicia o compasión por las víctimas, y fue condenado a 110 años de prisión”, protesta la AVT, que la semana que viene se reunirá con los responsables de Instituciones Penitenciarias.
