El excomisario José Manuel Villarejo ha aportado a la Audiencia Nacional un correo electrónico de otro mando policial con el que trata de demostrar que sus acciones y actividades privadas contaban con el respaldo de sus superiores del Cuerpo. El autor del documento es el comisario principal José Luis Olivera, el mismo policía que Villarejo ofreció a la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal para torpedear el caso Gürtel. Con los años, Olivera acabaría ocupando un alto cargo en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy.
“Tu actuación no es estrictus senso de agente encubierto por no dedicarte exclusivamente a una operación que debería ser judicializada, pero sí de forma genérica y dada la estructura de cobertura que te asignan, documentación supuesta, oficinas supuestas, compañías supuestas, fondos reservados, control de informadores, asignación de funcionarios en distintas plantillas para cubrir las coberturas, etc y actuación a las órdenes directas del Director”, le dijo Olivera en este correo al que ha tenido acceso Vozpópuli y que lleva la fecha del 19 de enero de 2016.
Del contenido del documento se extrae que Villarejo contaba con el respaldo no solo de sus superiores directos, sino también de los máximos responsables del Cuerpo: “Yo entiendo que si se autoriza por los superiores toda la cobertura que te reseño, a los efectos prácticos es una actuación encubierta y tus superiores son los que se han de preocupar por la legalidad de la actuación”. “Una estructura se tiene o no se tiene, no se puede improvisar para una actuación, sino que permaneciendo en el tiempo se puede ir aplicando a diversos casos, siempre con conocimiento de la superioridad y siguiendo instrucciones”, añade.
Cesado por Grande-Marlaska
Lo envió desde su dirección de correo oficial del Ministerio del Interior a la dirección que Villarejo tenía como miembro del Colegio de Abogados de Madrid. En ese momento, José Luis Olivera ya era el máximo responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), la estructura que se encargaba de coordinar a la Policía y la Guardia Civil para las investigaciones más sensibles. Este Departamento se encuentra integrado en la estructura del Ministerio que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz. El ministro Juan Ignacio Zoido mantuvo a Olivera en ese puesto y Fernando Grande-Marlaska le cesó en una de sus primeras decisiones a la hora de reorganizar el Ministerio.
En el documento, Olivera le adjuntó un documento con las conclusiones de unas jornadas sobre la figura del agente encubierto “avaladas por el Consejo General del Poder Judicial”. “Por si te lo quieres leer con tranquilidad”, le dijo. En aquellas fechas, el nombre de Villarejo ya había saltado a los medios de comunicación, principalmente por la guerra que mantuvo en el seno de la Policía con otro comisario y con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Villarrejo, del que ya había dudas sobre su estatus especial y sus empresas, se defendía como un agente encubierto al que le apasionaba su vida.
El abogado de Villarejo aportó este documento junto al recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que solicita revocar la decisión del juez de instrucción Manuel García Castellón de prorrogar su estancia en prisión al menos otros dos años más. El polémico policía lleva en prisión provisional desde noviembre de 2017. Se le acusa de un abanico de delitos que van desde el cohecho hasta la organización criminal. La Fiscalía dice que encabezó un “clan policial mafioso” que infectó la Policía.
"Acredita la compatibilidad"
El letrado de Villarejo dijo haber tenido acceso al documento y se mostró seguro de que ya “obra en las diligencias”. A su juicio, “acredita la compatibilidad y legalidad de las actividades empresariales simultáneas a las de agente encubierto”. En realidad, de lo que se acusa al exmando es de ejercer su influencia sobre el Cuerpo para acceder a datos confidenciales que luego usaba en sus investigaciones como detective privado para clientes adinerados. La Fiscalía cuenta además con un informe de Hacienda que niega que Villarejo solicitase nunca ningún informe sobre compatibilidad.
Una de las principales líneas de defensa de Villarejo es que, cuando él regresó a la Policía en 1993, pactó mantener su entramado empresarial, construido a lo largo de diez años de excedencia. La condición, según Villarejo, es que esa sociedades pudiesen servir incluso a la Policía para operaciones sensibles. En ese sentido, la figura del comisario sería la de agente encubierto. Tras ser arrestado en 2017, tres de sus superiores como directores adjuntos -los únicos que siguen con vida- de la Policía remitieron sendas cartas a la Audiencia Nacional para defender la labor policial Villarejo.
Sus jefes, citados a declarar
Son Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino. Esos tres nombres representan un total de 20 años de gestión al frente de la Policía. Desempeñaron el máximo cargo operativo en el Cuerpo bajo los Gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. El primero de ellos fue quien repescó para la actividad policial al polémico mando. Los otros dos le mantuvieron en una situación especial en la que actuaba como agente encubierto sin renunciar a sus negocios privados.
Ahora el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, les ha citado a declarar en la Audiencia Nacional para que expliquen qué sabían y qué consintieron de las actividades privadas del excomisario que lleva más de dos años en prisión preventiva. Linares y Díaz Pintado acudirán como testigos y Pino lo hará como investigado al estar ya imputado por el empleo de fondos reservados para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.
