En el año 2004, José Manuel Villarejo impulsó uno de los primeros trabajos de espionaje para Iberdrola. El bautizado como 'proyecto Arrow' tenía como finalidad identificar a los responsables del sabotaje que estaba sufriendo la eléctrica en la construcción de la central de Arcos de la Frontera (Cádiz). Para ello el policía puso el foco en políticos del consistorio, en grupos ecologistas contrarios a la implantación de la central y hasta en Endesa, por supuestos sobornos a la Junta de Andalucía. Se trata de un asunto al que tanto el comisario como el entonces jefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, se han referido en sus declaraciones ante el juez, si bien la aparición de nuevos audios en la investigación que sigue la Audiencia Nacional apuntan a la intención del espía de implicar en el asunto a Ignacio Sánchez Galán.
Un nuevo oficio de Asuntos Internos al que ha tenido acceso Vozpópuli recoge cómo Villarejo despachó de este asunto con Asenjo en una conversación mantenida en septiembre de 2004. "De verdad he mirado con todo el detalle, con todas las posibilidades y… yo no sé, yo no sé dar un trabajo que no sea de ciertos aires de calidad, entonces… si quiero poner a este tío patas arriba ponerlo en calzoncillos para que el jefe… Don Ignacio luego… decida lo que tenga que decidir él por su cuenta, hay que, hay que invertir un poquito", trasladó el agente. Según confesó al exjefe de seguridad de la eléctrica, había hecho "muchas cosas" que no estaban contempladas en el acuerdo inicial y que implicaban un desembolso mayor de dinero.
"Hombre déjame un 10% o un 15% por ciento para mí, macho que yo tengo que vivir de algo ¡joder!", le dijo el comisario, a lo que el entonces director de seguridad de la multinacional respondió de manera negativa asegurando que no era el "dueño del dinero". Tanto es así que el exalto cargo de la multinacional vasca le replicó al ser preguntado por el presupuesto, que el presidente no se encargaba de estas cuestiones. "No si él no mira... el tema económico", le dijo para añadir que eso lo trabajaba "otra gente". Se trata de una versión que ya defendió en su interrogatorio en sede judicial donde dejó claro que los trabajos con el Grupo Cenyt (que costaron poco más de 1,1 millones de euros) se gestionaron directamente desde del departamento de seguridad.
El también policía defendió a la eléctrica en el asunto, desligó a Sánchez Galán de la gestión de los trabajos y negó cualquier irregularidad en la contratación de estos servicios; de hecho, aseguró desconocer las actuaciones paralelas que impulsó el espía en aras a identificar las acciones de boicot al proyecto multimillonario de la eléctrica. Las mismas incluyeron rastreo de llamadas de ediles del consistorio -como la de la entonces concejala de urbanismo Arantxa Azcúnaga, a quien apodaba 'la enana'- en busca de información negativa que pudiera utilizar contra ellos con la que chantajearles para conseguir su propósito.
No mostró mucho interés "el señorito"
De acuerdo con estas conversaciones que se produjeron en los años 2004 y 2005, Villarejo también se habría apoyado en el que fuera jefe de seguridad de Amena, Domingo Río, y en otro de los principales protagonistas del caso Tándem: el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño. En lo que respecta al primero de ellos, el comisario jubilado explica que le llamarían en aras a acceder a unas bases de datos de la compañía. Sobre García Castaño, al que apodaba 'El Gordo', dijo que era una persona "muy profesional y discreta" aunque lamentó su cese dentro de la Comisaría General de Información. Al respecto los agentes de Asuntos Internos destacan en su oficio que tanto en el proyecto Arrow (por el que Iberdrola pagó 469.301 euros) como en el bautizado como BlackBoard (sobre Manuel Pizarro) constan evidencias de cómo el entramado empresarial de Villarejo accedió a "multitud de tráfico de comunicaciones" de las personas espiadas. Los agentes sostienen que el espía se apoyó en su colega para acceder a información confidencial que obra en las bases de datos policiales.
Así consta en otro de los encuentros celebrado en junio de 2006. El comisario volvió a referirse a Sánchez Galán con el alias de "el señorito". En esa cita despacharon acerca de otra posible investigación a Braulio Medel, entonces presidente de Unicaja. En el encuentro recordó a Asenjo que "no mostró mucho interés el señorito" cuando se le dio una información relacionada con el empresario sevillano que solo sabrían el presidente de Iberdrola y terceras personas, siempre según su versión. Según informó El Confidencial, la acción en este caso del Grupo Cenyt habría consistido en indagar si éste cobró cheques irregulares de 40.000 euros por cada asistencia al consejo consultivo de Iberdrola desde su creación en el año 2004. Se trata de un asunto al que habría hecho mención el exdirectivo de la eléctrica José Antonio del Olmo en su declaración ante el juez, cuando denunció la supuesta existencia de un circuito de facturas falsas para pagar los servicios privados del comisario.
La ruta de "la pasta"
Sin embargo, Iberdrola siempre ha negado este extremo al igual que un presunto espionaje a Florentino Pérez, el cual ostenta la condición de perjudicado en esta pieza decimoséptima de la causa. Aunque en estas conversaciones no se hace mención alguna al presidente de ACS, sí que conversan sobre otra de las presuntas víctimas de los trabajos del comisario: Manuel Pizarro. En este caso, los interlocutores le incluyen en las investigaciones del proyecto sobre la central de Arcos de la Frontera y en otro proyecto separado que llevó por nombre BlackBoard. El objetivo del agente encubierto, según se desprende de los audios, era esclarecer si pagaron sobornos a la Junta de Andalucía en aquel 2004. En concreto, le dijo que quería seguir la ruta "de la pasta" y le habló de supuestos pagos en sobres aunque no de la reunión no trasciende más información al respecto
El comisario le insistió en que se trataba de un asunto complicado de investigar, máxime teniendo en cuenta que se había infiltrado en un pueblo relativamente pequeño. Pero sí advirtió que había identificado algunas transferencias e ingresos realizados a la Diputación y al Ayuntamiento. Asenjo defendió en sede judicial esta contratación asegurando que la preocupación por no poder desarrollar este proyecto multimillonario era máxima, aunque se desligó de la metodología de trabajo de Cenyt. La Audiencia Nacional había dejado en 'standby' el avance de esta línea de investigación del caso Tándem hasta incorporar las conclusiones policiales en relación a estas escuchas que se incautaron a Villarejo tras su detención en noviembre de 2017 y que todavía estaban pendientes de analizar.
