El juez encargado de investigar el espionaje a Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha ordenado transcribir las anotaciones del excomisario José Manuel Villarejo en las que apuntó sus actividades presuntamente delictivas encaminadas a sustraer al exterorero del PP documentación que comprometía a los líderes del partido, según publica La Razón.
Una vez revisados estos apuntes, anotados en una decena de agendas y diarios durante los años 2012, 2014 y 2015, el magistrado decidirá si cita a declarar como investigada a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, tal y como reclamaron en septiembre del año pasado los fiscales de Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano.
Ofensiva de las acusaciones populares
En paralelo, este lunes varias acusaciones populares del juicio a Bárcenas por la supuesta caja b del partido han reclamado al tribunal que valore la credibilidad de los testimonios de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, que negaron haber percibido sobresueldos, como ya se hizo en la sentencia de Gürtel, que dudó de la versión de este último.
Durante el turno de los informes en el juicio que celebra la Audiencia Nacional sobre el supuesto pago en negro de parte de la reforma de la sede del PP, las acusaciones populares han coincidido en manifestar su "incomodidad" por que la Fiscalía les "regañe" por haber mantenido durante el proceso acusaciones por delitos que finalmente han retirado, después de haber tildado de "laxa" o conservadora la acción de Anticorrupción.
"Si en algún caso era necesaria la acción popular es en este en concreto, donde la falta de rigor y celo ha puesto de manifiesto la necesidad de que las acusaciones populares emerjan con toda su intensidad", ha señalado el abogado Virgilio Latorre, que representa a varios exdiputados socialista valencianos.
Una afirmación que, como otras, han provocado que el fiscal Antonio Romeral no haya podido evitar arquear las cejas varias veces en señal de sorpresa.
Latorre, que ha subrayado que la "verificación de la caja b está afectando al contexto en el que se desarrollan los hechos y no puede ser ignorado", ha pedido a la Sala que valore "la credibilidad" de los testimonios de exdirigentes del PP, a quienes ha acusado de participar en "una especie de juego de trileros" por negar el cobro de sobresueldos cuando aparecen sus nombres o acrónimos en los papeles de Bárcenas.
El abogado ha afirmado en concreto que el "curso vital político" de Aznar está vinculado a esa supuesta caja b, dado que su entrada como presidente del PP en 1990 coincide con el inicio de las anotaciones, por lo que "pensar que tenía un desconocimiento no resulta razonable".
