El comisario José Manuel Villarejo ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que recuerda que en el Ministerio del Interior conocían sus actividades como agente encubierto porque, entre otras cosas, emitía “continuos informes y notas de inteligencia” a sus superiores. El polémico mando remitió este documento al juez Diego De Egea para pedirle antes de que abandone el caso a final de año que le excarcele, aunque sea bajo control telemático.
“Debemos insistir en que las actividades mercantiles del señor Villarejo Pérez estaban autorizadas materialmente por sus superiores, por su utilidad para las funciones de agente encubierto que realizaba, especialmente en funciones de información, emitiendo continuos informes y notas de inteligencia a sus superiores de toda la información que iba recogiendo”, dice el excomisario ya jubilado en este escrito de 17 folios al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Según dice por medio de su nuevo abogado, estos trabajos “han hecho posibles importantes acciones contra el terrorismo nacional e internacional y el narcotráfico, lo que le ha valido para recibir numerosos reconocimientos y condecoraciones, seguramente menos de los que merecía”.
'Operación Kitchen'
En el marco de la 'operación Tándem' se investigan varios de estos negocios privados que el comisario compaginaba con su actividad policial. La Fiscalía le acusa de usar sus contactos en el Cuerpo para garantizar el éxito de estas operaciones privadas con las que llegó a encabezar un “clan policial mafioso” que “infectó” la Policía. Pero además en el caso se investiga una pieza separada llamada ‘Kitchen’ sobre una operación coordinada por él para robar documentación sensible para el PP al que fuera su tesorero Luis Bárcenas.
Este trabajo corrió a cargo de los fondos reservados y el Ministerio del Interior actual -encabezado por Fernando Grande-Marlaska- ya ha informado a la Audiencia Nacional de que efectivos de la Comisaría General de Información participaron en él. Interior respondió así a la petición del juez que investiga la Caja B del PP quien pidió identificar hasta los últimos responsables de la ‘operación Kitchen’. Tuvo lugar en el año 2013 cuando el Ministerio estaba dirigido por Jorge Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy.
Para reforzar la tesis de que todos sus movimientos contaban con la cobertura de sus superiores, Villarejo recuerda el escrito en ese sentido remitido hace meses por todos los directores adjuntos operativos de la Policía bajo los que sirvió y que aún permanecen con vida. Entre ellos incluye al máximo cargo uniformado de la Policía cuando se desarrolló la ‘operación Kitchen’, Eugenio Pino.
Villarejo llega a decir en su escrito que “en modo alguno se benefició personal ni empresarialmente de dichas operaciones policiales y de inteligencia, antes al contrario, las financió con sus propios recursos anticipando con fondos propios pagos en interés general”.
Pulsera telemática
El escrito lleva fecha del 13 de diciembre, apenas dos días después de que se conociese que el juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción número Seis, Diego De Egea, había comunicado su decisión de abandonar el caso que ha investigado desde el principio. Apenas unos días antes de ese giro en la investigación, varios medios de comunicación habían publicado que el magistrado se planteaba dejar en libertad provisional al comisario bajo control telemático.
Casualmente ahora en su escrito Villarejo plantea esa posibilidad al juez antes de que deje el caso, a finales de año. Pide ser excarcelado y propone alguna de las medidas contempladas por Instituciones Penitenciarias, desde la pulsera telemática a un identificador de voz. Dice verse perjudicado por la filtraciones en la prensa que afectan al caso y que están generando “el juicio paralelo más grave de la Historia”. En ese sentido opina que si quedase en libertad las filtraciones descenderían.
