Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha obligado a las tres acusaciones populares personadas hasta ahora en el ‘dieselgate’ a designar una dirección letrada conjunta. Dos de ellas han cerrado un acuerdo, pero el sindicato Manos Limpias se niega a sumarse al pacto alegando que fue la primera que se personó en la causa y, en consecuencia, es a ella a quien le corresponde la dirección del proceso.
La Asociación Antifraude Volkswagen y la Asociación de Perjudicados por Entidades Financieras (APDEF) alcanzaron un acuerdo para actuar de manera conjunta el pasado 1 de diciembre, tras lo cual dieron traslado del mismo al juez instructor, al que informaron también de que habían intentado que Manos Limpias se sumara al mismo sin éxito. El sindicato argumentaba que al ser el primer personado en la causa le correspondía él dirigir la acusación. El juez instructor rechazó los argumentos del sindicato y acordó que fuesen las otras dos acusaciones, que habían llegado a un acuerdo previo, las que se encargaran de la dirección colegiada de la acusación.
Manos Limpias recurrió la decisión, que fue desestimada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. En su auto, la misma establecía que el criterio alegado por el sindicato no era el adecuado a aplicar en esta causa, al haber otros criterios a valorar, como era la existencia de un acuerdo entre dos de las tres acusaciones y el objeto social de ambas asociaciones, creadas ex profeso para defender los intereses de los perjudicados. El sindicato ha presentado un recurso de reforma al que se oponen las otras dos acusaciones, que está pendiente de resolverse, según informó a este diario el letrado Javier López, representante de la Asociación Antifraude Volkswagen.
La causa se inició el 27 de octubre del pasado año, cuando el magistrado Ismael Moreno aceptó, a solicitud de la fiscalía, las querellas presentadas por el sindicato Manos Limpias, la Asociación Internacional Antifraude Volkswagen y la APDF por los presuntos delitos de fraude por publicidad engañosa, fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente. La Fiscalía decía en el escrito remitido al juez que el trucaje de los motores “parece consistir en la manipulación de un programa informático que detecta cuándo el vehículo se encuentra en un banco de pruebas” y reduce las emisiones contaminantes para adoptarse a la normativa medioambiental. De ser cierta esta información, dice el ministerio público, los vehículos afectados estarían "emitiendo gases contaminantes muy por encima de los límites permitidos (podrían superar en 40 veces dicho máximo), lo que les inhabilitaría para circular”.
Además de las acusaciones populares, hay al menos un centenar de perjudicados que se han personado en la causa como acusaciones particulares y reclaman de la firma automovilística el importe del precio del vehículo. El total de vehículos afectados en nuestro país se calcula en torno a los 700.000.
