No hay marcha atrás. La justicia española se ha adelantado a la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y la Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión de los principales promotores de las movilizaciones ciudadanas independentistas: los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que investiga un delito de sedición cometido por los secesionistas catalanes al intentar frenar los registros ordenados por el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer el 20 de septiembre, inicia su particular 155 al constatar que Sánchez y Cuixart fueron los principales promotores de los ataques contra la Guardia Civil.
“Cobra especial importancia el papel que los dos investigados tuvieron en los hechos objeto del presidente procedimiento”, explica la jueza en el auto mediante el cual les envía a la cárcel, que completa que Cuixart y Sánchez participaron “activamente en la convocatoria de las concentraciones que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre”.
En este sentido, la resolución destaca que los ‘Jordis’ “se alzaron como los principales promotores y directores” de los tumultos, manteniéndose al frente de las protestas “durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes de la actuación a realizar en cada momento”, indica la jueza.
Las actividades descritas en el auto se enmarcan, especifica el auto,, dentro de una “compleja estrategia con la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña”.
La jueza acuerda el ingreso en prisión ante la gravedad del delito, pero también ante el riesgo de reiteración delictiva: “Ya que los investigados vienen operando dentro de un grupo organizado de personas, llevando a cabo de forma continua y reiterada actividades de colaboración activa y necesaria en relación con la actuación de personas, organizaciones y movimientos dirigida a lograr fuera de las vías legales la independencia de Cataluña frente al resto de España en un proceso que todavía se encuentra en marcha”, indica la jueza, que destaca que después del 20 y 21 de septiembre ha habido otros actos “del mismo signo protagonizados por ambos investigados”.
Asimismo, Lamela aprecia la “alta probabilidad” de que Cuixart y Sánchez “puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, como se pone de manifiesto a través de la actividad ya protagonizada”.
Entre estas actividades que los reos podría protagonizar si permanecen en libertad, Lamela asegura que podrían dificultar o incluso impedir los registros y detenciones: “Lo que pueden fácilmente reiterar a otras semejantes que pudieran ser acordadas en el curso de la investigación”.
Apenas un par de horas antes de enviar a los ‘Jordis’ a la cárcel de Soto Del Real, Lamela rechazó adoptar la misma medida contra el major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, que dirige un cuerpo policial compuesto por 17.000 agentes.
La jueza acordó la libertad con medidas cautelares para Trapero, pero le impuso la obligación de comparecer cada quinces días, que también tien prohibido abandonar el territorio nacional y deberá entregar su pasaporte. También tendrá que fijar un número de teléfono donde poder ser localizado, y un domicilio en España.
