Nuevas órdenes, más control. Instituciones Penitenciarias ha distribuido en las últimas semanas la "orden de servicio 4/2014" a todas las cárceles para instaurar nuevos mecanismos de vigilancia para la "evitación de la radicalización islámica en los establecimientos penitenciarios". Dicho documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, ordena la elaboración de informes semanales no sólo de los presos encarcelados por actividades terroristas, sino sobre todo de aquellos que ingresaron por delitos comunes y sobre los que existe la sospecha de que se han radicalizado entre rejas. Para éstos, Interior dispone la creación de un nuevo fichero denominado 'IR' en el cuál se deben reflejar semanalmente desde los libros que leen hasta si observa el ayuno del Ramadán, pero sobre todo quién les visita. Sobre estos últimos, los funcionarios deberán recoger todos los datos identificativos, incluidos su domicilio, nacionalidad y país de nacimiento. "Deberá extremarse el control de las personas comunicantes", se lee textualmente en la orden que firma el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.
Prisiones ha creado un fichero denominado 'IR' para aumentar la vigilancia sobre los reclusos musulmanes "radicalizables o iniciados en procesos de captación"
El documento, fechado el pasado 1 de octubre, se ha elaborado en un momento en el que tanto el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como su 'número 2', Francisco Martínez, aprovechan cualquier comparecencia pública para alertar del peligro que supone para la seguridad del Estado la amenaza yihadista, sobre todo por el posible retorno a nuestro país de antiguos combatientes en las guerras de Siria e Irak. En lo que llevamos de 2014, la Policía y la Guardia Civil han desmantelado ya cinco redes asentadas en nuestro país dedicadas a reclutar y enviar radicales a estos conflictos. Además, es continuación de una instrucción dictada también por Instituciones Penitenciarias el pasado mes de julio y cuyo contenido fue adelantado en exclusiva por este diario en varias entregas. La nueva orden pretende, precisamente, "establecer algunas consideraciones acerca de la ejecución" de este programa tras haber recibido durante el verano desde los diferentes centros penitenciarios comentarios sobre cómo aplicarlo.
Así, en primer lugar fija la elaboración de informes semanales de los tres tipos de reclusos musulmanes que determina según su nivel de radicalización. Así, en el Grupo A incluye a los "terroristas", es decir, "todos los internos condenados o procesados por hechos y/o pertenencia o vinculación con grupos u organizaciones terroristas asociadas al denominado terrorismo islámico". En el segundo grupo, el 'B', incluye a los"radicalizadores y sus colaboradores", entre los que se encuentran aquellos que, a posteriori de su ingreso en prisión, se ha descubierto su vinculación a grupos terroristas, a los que "ejerzan un rol de liderazgo y ascendencia sobre otros internos", a los que "lideren grupos de presión o coacción para obligar a otros reclusos a seguir los postulados más radicales de la religión islámica" y a aquellos que cumplan condena por otros delitos pero en su momento hubieran estado acusados de actividades terroristas y hubieran sido absueltos de los mismos. Por último, Instituciones Penitenciarias crea el grupo 'C' para englobar en él a los "radicalizables o iniciados en procesos de captación".
"Implicación de los funcionarios"
Es a estos últimos a los que Instituciones Penitenciarias pretende someter a un control más estricto. De hecho, en el programa informático del Sistema de Información Penitenciaria (SIP, que incluye los datos personales y foto de todos los recluidos en cárceles españolas) ha creado "un nuevo registro" denominado con las siglas 'IR' exclusivamente "para la identificación de internos en el Grupo C". Paralelamente, ordena la creación en los expedientes de cada uno de estos reclusos de una "carpetilla" que recoja "las vicisitudes" de los informes semanales que hagan sospechar de una posible radicalización religiosa del interno. Para ello, pide "la implicación de todos los trabajadores penitenciarios".
Los visitantes de los presos sospechosos de yihadismo serán estrictamente controlados: se registrará hasta su "nacionalidad y el país de nacimiento"
En este sentido, apunta que los funcionarios que se encargan del "área de comunicaciones" en cada prisión deberán extremar el control sobre las visitas que reciban los internos, un elemento que considera "prioritario" para detectar procesos de radicalización. Entre ellos, resalta la obligación de reflejar con el máximo detalle quiénes acuden a prisión a ver a los reos bajo sospecha. De ellos se tomarán y grabaran "los datos referidos a filiación, documento de identificación y relación con el interno", así como el domicilio de éstos, una información esta última que se revisará. También se debe dejar constancia de "la nacionalidad del visitante y país del nacimiento", para lo que ha creado un nuevo campo en el sistema informático. La orden determina también ser aún más estricto en el control de aquellas "personas comunicantes" que acuden a visitar con varios presos "a fin de detectar posibles focos de radicalización islámica promovidos desde el exterior".
También ordena extremar las medidas de control sobre los remitentes de los paquetes que reciba el recluso, de cuyo contenido se hará "una relación detallada". De hecho, especifica que los mismos deberán ser sometidos a un "minucioso cacheo [...] prestando especial atención a los libros y/o publicaciones". Algo similar fija para las cartas, de cuyos remitentes los funcionarios deberán especificar "datos de filiación y dirección". Sobre las llamadas que realizan estos presos, Interior también dispone que se efectúe "un mayor control y comprobaciones oportunas", sobre todo cuando el número de teléfono con el que se quiere contactar es "coincidente en varios internos". La orden exige que para autorizar estas comunicaciones se deberá exigir al interno "la correspondiente acreditación de los titulares" de la línea con la que se quiere contactar.
Qué leen en la biblioteca
El estricto control también llega a la biblioteca de los centros penitenciarios, para lo cual Interior pretende valerse de la aplicación informática que en la que registra el préstamo de libros. Instituciones Penitenciarias quiere que los funcionarios que trabajan en el "área de formación y cultural" de la cárcel elaboren un "informe detallado sobre los libros que han sido prestados a un interno [...] para cotejar, en su caso, que los mismos cuentan con contenidos que faciliten la radicalización de los internos islamistas". Este control será "obligatorio" en los presos de los grupos A, B y C "de forma que si, sistemáticamente, se tiene acceso a una publicación por varios internos, se valore la adopción de medidas preventivas adecuadas respecto a la publicación y a los internos a los que les ha sido prestada". La orden también determina extremar el cuidado sobre aquellos presos que trabajan en la biblioteca.
Si un mismo libro o revista de la biblioteca de la cárcel es consultado por varios presos islamistas, Interior ordena adoptar "medidas preventivas" sobre su contenido
La vigilancia se extiende, incluso, al dinero que los internos reciben en su peculio, el fondo a través del cual adquieren productos en el economato del centro. Interior quiere saber quién ingresa estas cantidades, sobre todo cuando una misma persona lo hace en los de varios internos. Tras recordar quiénes pueden hacerlo (familiares, esposas, abogados y algunas ONG), ordena que se realice "un informe mensual de aquellos movimientos de peculio y personas que practican la imposición que pudieran tener relevancia". En este sentido, aclara que estas serán, en concreto, aquellas que haga una misma "en cuentas de tres o más internos del establecimientos penitenciario sin razón de parentesco". En ese caso, se dará la voz de alerta al subdirector de Seguridad de la prisión.
Finalmente, el documento confidencial recuerda la necesidad de controlar la actividad diaria de los internos por parte del "personal de vigilancia" de las prisiones. Éstos deberán dejar "constancia e informe" tanto de la existencia como de la "inexistencia" de indicios de "posibles conductas de radicalización islámica". Para ello fija como pautas observar las actividades que desarrolla el preso sospechoso "a lo largo del día"; si realiza prácticas religiosas "en presencia de imanes o no"; qué come y, sobre todo, si observa el ayuno durante el Ramadán; si hace deporte; sus relaciones con el resto de reos y con los funcionarios; y, por último, "el estado de conservación y efectos de la celda y de su aspecto personal".
