Carles Puigdemont lanzó la idea. Y seis de cada diez españoles, la ve con buenos ojos: Pedro Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados para acreditar que sigue contando con el respaldo parlamentario que le permitió seguir en la Moncloa tras perder las elecciones. Así lo comparte una mayoría del 56,2%, a juzgar por los datos que arroja el último barómetro de Hamalgama Métrica para Vozpópuli. Hay un 36% que se opone, mientras que el 7,8% restante se muestra indiferente.
De momento, la iniciativa ha llegado al Congreso de los Diputados en forma de una proposición no de ley registrada por Junts que insta a Sánchez a someterse al examen parlamentario. En realidad, el único que tiene potestad para activar este mecanismo constitucional es él. Nadie más. Por eso, todo apunta a que cuando el texto llegue a la Mesa de la Cámara, será rechazado. Pero el órdago ahí queda. El líder independentista, que tiene en su mano la llave de la legislatura, se muestra descontento porque el saldo de la cuenta que pactó con el PSOE para investir a Sánchez está en "números rojos", y demanda más avances para mantener prietas las filas de su grupo en la Cámara Baja.
Este viernes, después de una semana particularmente tensa, una delegación socialista acudió a Suiza para reunirse con el número dos de Junts, Jordi Turull, y la portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, que en la sesión de control del miércoles instó a Sánchez a "mover el culo". El objetivo de la visita del PSOE era reconducir la relación, ahora maltrecha por el enésimo bandazo de Puigdemont. Lo que ha trascendido es que las conversaciones no llegaron a buen puerto.
Desde el arranque de la legislatura, el Gobierno dice estar asentado sobre la "mayoría social" que arrojaron las urnas el pasado año. Aunque lo cierto es que los apoyos parlamentarios flaquean semana sí y semana también. En cuestiones clave, Sánchez tiene que pasar por un quinario para que le den los números. Y las disonancias entre los socios son constantes. Junts y PNV muestran una línea ideológica más conservadora en cuestiones económicas. Lo que lleva a Podemos a calificarles como los "cachorros" de las energéticas. A su vez, la formación morada está en pie de guerra con Sumar. Y tampoco dentro del independentismo hay consenso. ERC mantiene una diatriba constante con Junts.
En este contexto, la nota dominante de la legislatura está siendo el bloqueo del Congreso a la escuálida acción legislativa del Gobierno, salvo contadas votaciones. Tampoco pasa desapercibido que el PP está jugando en las Cortes con una agenda programática que tiene por objeto propinar derrotas al Ejecutivo. Y en no pocas ocasiones, consigue ganar la partida. Sin ir más lejos, hace días el grupo popular se alió con Junts para suprimir el impuesto a la generación eléctrica.
Consciente de cómo está el patio, Puigdemont quiere poner en un brete a Sánchez con una cuestión que tiene por objeto medir su debilidad política y cuya derrota llevaría aparejada su dimisión y la convocatoria de elecciones. De momento, lo que hay es un chantaje. Porque la percepción generalizada también es que, finalmente, Junts acabará recogiendo cable y votará a favor de los Presupuestos.
Una mayoría de españoles (46,5% frente al 37,8%) así lo cree. Lo que -de forma irónica- denota que, en realidad, está asentada la idea de que Sánchez cuenta con un respaldo mayoritario de la Cámara. En caso de que consiga alumbrar unas nuevas cuentas públicas, habrá enraizado la legislatura hasta 2027, para cuando -en teoría- están previstas las siguientes generales.
En la sociedad hay distintas posturas sobre el rumbo que tomará la legislatura. La amplia mayoría de seguidores de las formaciones que sustentan al Ejecutivo se muestran convencidos de que Sánchez no tendrá inconveniente en aprobar los Presupuestos. Entre los votantes de PP y Vox, hay más escepticismo.
Al margen del batiburrillo parlamentario, hay otra razón por la que Puigdemont ha decidido incrementar la presión sobre Sánchez: los distintos frentes judiciales que salpican al Ejecutivo. En ese sentido, también hay coincidencia entre el grueso de encuestados de que los presuntos casos de corrupción en torno a la Moncloa y el presidente pueden pasar factura, en una hipotética cita con las urnas, al PSOE. De 1 a 10, el grado es 6,3.
Entre los nichos idelógicos, quienes más a favor se muestran de esta teoría son los seguidores de PP y Vox. A contrario sensu, casi todos los partidarios de PSOE y Sumar opinan que Sánchez saldrá indemne del vía crucis judicial al que se enfrentan personas tan cercanas a él como su propia esposa, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, o quien antaño fue hombre de su máxima confianza tanto en Moncloa como en Ferraz: José Luis Ábalos.
Este viernes, tuvo lugar la primera declaración del exministro de Transportes como imputado en el Tribunal Supremo. El juez le imputa cuatro delitos. Entre ellos, los de pertenencia a organización criminal o malversación. Entretanto, el próximo miércoles, tendrá lugar una nueva citación de la esposa de Sánchez en el juzgado.
Ficha técnica de la encuesta de Hamalgama
Universo: Españoles de 18 y más años.
Tamaño de la muestra: 1.000 entrevistas
Error muestral: 3,16% para el conjunto de la muestra y un grado de confianza del 95,5%.
Metodología de trabajo: CATI (Entrevista telefónica administrada por ordenador).
Teléfonos móviles y fijos cuyos titulares son particulares.
Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades
primarias de muestreo (municipios) y de forma aleatoria proporcional las
unidades últimas (individuos) por edad y género.
Estratificación: Cruce de la provincia con el tamaño de hábitat, dividido en 4 categorías:
1. Menos de 2.000 habitantes.
2. De 2.001 a 10.000 habitantes
3. De 10.001 a 50.000 habitantes.
4. Más de 50.000 habitantes.
Trabajo de campo: 10 al 12 de diciembre de 2024
