El pasado 15 de noviembre, durante su comparecencia ante las Cortes Valencianas, Carlos Mazón pidió constituir sendas comisiones de investigación, en el Parlamento autonómico y en el Congreso de los Diputados, para esclarecer lo sucedido antes, durante y después de la DANA más mortífera de la historia reciente de España, y para dirimir las consiguientes responsabilidades políticas.
Pero la asonancia entre el president y la dirección nacional de su partido alcanza también a este asunto. Según confirman fuentes de Génova a Vozpópuli, el grupo popular en la Cámara Baja no apoyará esta iniciativa, que todavía está en el aire. El motivo: “Ya tenemos la del Senado”, justifican los populares en alusión a la petición registrada en la Cámara Alta, que controla el PP con mayoría absoluta.
Desde la cúpula de la formación esgrimen que la comisión del Congreso nacería con “una vocación obscurantista”. Porque, presumiblemente, quedaría al albur del Gobierno y sus aliados, que manejarían los hilos en función de sus intereses. “Ya hemos visto lo que ha pasado con la comisión del ‘caso Koldo’, que no está sirviendo para poner negro sobre blanco en la presunta corrupción del Gobierno en la etapa de José Luis Ábalos. ¿Hay previsión de que llamen a declarar a Pedro Sánchez? No”.
Entretanto, desde la bancada popular añaden otros argumentos: que dar el visto bueno a esta comisión “sería un suicidio” político. Porque se convertiría en una comisión contra Mazón. “Seguro que no llamarían a Teresa Ribera, o al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar”. Mientras que para el Gobierno “sería baño y masaje”, toda la culpa recaería sobre un único actor político: el presidente valenciano. A fin de evitar el desgaste y sacudirse de las presiones, los populares han movido ficha en el Senado. “Ahí incorporaremos todo lo que ellos –el PSOE y sus socios- consideren oportuno para poder enriquecer la comisión”.
El objetivo de la investigación puesta en marcha en la Cámara Alta, según la cúpula popular, será la “búsqueda de información”. Nada que ver con lo que creen que ocurriría en el Congreso, donde se han registrado dos peticiones fallidas por parte de Compromís, Sumar, Podemos, ERC y Junts, por un lado, y de Vox por otro.
“A Vox ya se le dijo que tienen que presentarla dos grupos o un número suficiente de diputados. Y en el caso de la petición liderada por Compromís había un defecto de forma y pedía responsabilidades políticas a otra administración, cosa que nosotros no podemos hacer. La van a presentar de nuevo”, explican fuentes próximas a la presidenta, Francina Armengol. Donde sí hay unanimidad entre todos los partidos para alumbrar una comisión es en las Cortes Valencianas. Aunque los distintos grupos tampoco son capaces de acordar entre ellos el formato.
El clamor de las víctimas: "Justicia"
Este jueves, Meri García, Yolanda Garrido y Maite Pagán hicieron un viaje de ida y vuelta a Madrid desde Valencia. Enfundadas en unas botas de goma y portando unas cajas de barro -símbolo de la mayor catástrofe natural de la historia de la Comunidad Valenciana-, se plantaron frente al Congreso de los Diputados, en la Carrera de San Jerónimo. Ellas, como otras tantas personas, perdieron a sus seres más queridos en las fatídicas riadas del 29 de octubre. Y han decidido aunar esfuerzos. “Han asesinado a mi familia”, clamó Meri desde las escalinatas de la Cámara Baja. A su padre, Fernando, la última vez que lo vieron con vida fue agarrado a una valla de un colegio de la localidad de Catarroja. Esperando un rescate que no llegó. Diez días más tarde, hallaron su cuerpo en el lodo, inerte.
En las cajas de barro, Meri, Yolanda y Maite portaban decenas de miles de firmas. Las que han ido recabando a través de una petición pública en la página web Change.org. En total, llevan 105.718 rúbricas. El objetivo, “pedir responsabilidades a las instituciones competentes y responsabilidades penales por todos los fallecidos”. En resumen: “Pedimos JUSTICIA”, reza el texto, así, en mayúsculas.
Una de las principales reivindicaciones que trasladaron a los políticos fue la de constituir una comisión de investigación en el Congreso para poner luz y taquífrafos sobre todo lo ocurrido. “Las instituciones que debían protegernos nos dieron la espalda, nos dan igual los colores políticos, sólo queremos justicia, pedimos que pague quien tenga que pagar y que se abra ya una comisión de investigación”.
De momento, el principal grupo de la Cámara no apoyará que esta iniciativa salga adelante en el Congreso. Aunque hay dirigentes de peso que creen errática la estrategia. “A la larga, cuando se investigue en profundidad todo lo que sucedió, se va a demostrar que Mazón no tuvo tanta culpa”, opina un alto mando del partido. La tesis de Génova es, en el previo, el Gobierno fue negligente, porque no acometió las obras pendientes para prevenir la tragedia, y que en el posterior actuó con mala fe, porque rehusó tomar las riendas de la situación para eludir un posible coste político. Por eso, en el PP hay quien no quiere dar todavía por sentenciado a Mazón que, no obstante, representa a día de hoy un activo tóxico para Alberto Núñez Feijóo.
