El comité de expertos designado por el Ministerio de Hacienda para asesorarle en la reforma fiscal se está mostrando crítico con el cupo catalán que han pactado el PSOE y ERC en agosto a cambio de la investidura de Salvador Illa y sobre la supuesta reforma fiscal que el Fisco está tramitando, a años luz del Libro Blanco que presentaron en marzo de 2022, que la Comisión Europea exigía que fuera la base de la reforma.
Este cónclave está formado por altos cargos del Ministerio, otros lo han sido de este Ministerio en Gobiernos del PSOE y muchos tienen cargos o vinculaciones remuneradas con la cartera o con organismos afines al PSOE. Se trata de puestos y situaciones que no revisten incompatibilidad legal, pero que cuestionan la independencia del grupo de expertos.
Estos sabios no se revolvieron cuando se les usó de escudo de prestigio de políticas contra la Comunidad de Madrid, salvo la excepción de los dos rebeldes que abandonaron el comité antes de acabar el trabajo por las presiones de Hacienda, Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio. Pues bien, los fieles a la ministra de Hacienda se han negado a tragar con el cupo catalán, un asunto que conocen bien. Los expertos en financiación autonómica son muy críticos con el cupo vasco, especialmente con el cálculo y la negociación política, y ver cómo el PSOE ha pactado con ERC el mismo modelo y que niegue que lo sea les solivianta.
El cupo cupo catalán no tiene quién le defienda más allá del núcleo duro del Gobierno y del PSOE de Pedro Sánchez, ERC y afines. Vozpópuli ha informado de que el Ministerio de Hacienda intenta reclutar profesores de prestigio que escriban a favor de sus bondades pero no los encuentra. Empezando por sus expertos de cabecera, que no sólo no lo promueven sino que ya lo critican.
La última en posicionarse en contra del cupo catalán ha sido Violeta Ruiz-Almendral, profesora Titular de Derecho financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, que además es presidenta de la Junta Arbitral del Concierto Económico con el País Vasco, nombrada por la ministra. La Junta Arbitral es un órgano de deliberación y resolución de los conflictos que se susciten entre la Administración Tributaria del Estado y las Diputaciones Forales, o entre éstas y cualquier comunidad autónoma, que también se ocupa de la aplicación del Concierto Económico con el País Vasco y que dirime sobre conflictos con contribuyentes.
Este jueves Ruiz-Almendral ha publicado un trabajo con Fedea: El (difícil) encaje constitucional de la propuesta de financiación singular para Cataluña, muy crítico, que recuerda que "la Constitución puede reformarse, pero no incumplirse" y pide "honestidad intelectual" y "mayor rigor jurídico del federalismo fiscal". "La pretendida limitación de la solidaridad, por referencia al esfuerzo fiscal y la ordinalidad, no tiene sin embargo fácil cabida en el sistema constitucional, ni parangón evidente en modelos comparados", plantea, y recuerda que "en ningún sistema se pretende establecer una limitación de la solidaridad".
Sobre la ordinalidad: "Si lo que se pretende con ello es que el resto de las Comunidades Autónomas tengan una presión fiscal similar se podría dar la paradoja de que un acuerdo que nace para solicitar mayor autonomía tuviera un efecto centralizador", advierte [...] Estaríamos ante una suerte de homogeneización condicional inédita en cualquier modelo, federal o altamente descentralizado".
En esta línea, advierte de que "aplicar el principio de ordinalidad al resultado sin más del sistema de financiación autonómica tiene efectos perversos, aunque solo sea porque no son las Comunidades Autónomas las que pagan impuestos, sino la ciudadanía".
A Ruiz-Almendral le parece que el plantemaiento es muy similar al de 2005, y que si entonces "una propuesta de fraccionamiento de la administración tributaria ya no tenía excesivo sentido, en 2024, a la luz de la evolución de las administraciones tributarias, y en el marco internacional en el que España es un actor principal (acuerdos OCDE, G20) es sencillamente incomprensible, por contraria a la propia evolución de todos los estados de nuestro entorno, y al contexto de transformación fundamentalmente digital que están experimentando todas las administraciones, acelerada por el uso de la inteligencia artificial".
El jefe del comité
"Los datos son elocuentes" de que el cupo vasco, y el cupo catalán que se inspira en éste, son injustos. Así lo ha planteado Alain Cuenca, alto cargo de Hacienda que controla el comité de expertos, sobre el llamado ajuste del IVA. Cuenca advierte de que supone que en 2022 la Agencia Tributaria (AEAT) ingresó 2.692 millones de IVA -que se corresponden a consumo en el resto de España-, al País Vasco, y 1.256 millones a Navarra. Un sistema que el cupo catalán que ha pactado el PSOE con ERC quiere replicar.
Secretario del grupo, Cuenca fue nombrado por Montero en 2018 director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), especie de think tank de Hacienda y formador de los inspectores, y ha sido responsable de financiación autonómica y local en el Ministerio de Economía y Hacienda, también director general en el escalafón, durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.
Ha publicado un tuit en apoyo de una tribuna de Francisco de la Torre Los conciertos, el IVA y el agujero negro del fraude en El Economista que desnuda los entresijos del cupo vasco y de los planes de replicarlo para Cataluña sobre el llamado ajuste del IVA, un torpedo al argumentario de Montero y ERC.
Cuenca, doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza, es además cercano a Javier Lambán y al PSOE de Aragón y ha sido director en Funcas.
Socialistas próximos a Lambán
Es el caso de Julio López Laborda, también ligado a Fedea y miembro del comité de expertos, que en una entrevista en El Heraldo de Aragón advierte de que "el pacto catalán puede hacer saltar todo por los aires porque multiplicará los agravios".
Otro de los expertos hasta ahora próximo a la línea oficial de Hacienda es Santiago Lago-Peñas, hermano de Manuel Lago, destacado asesor de Yolanda Díaz. En una tribuna en El País ha criticado el cupo y mostrado su desconcierto.
"A la inmensa mayoría de los que nos dedicamos al estudio de la financiación autonómica desde hace décadas, el pacto entre ERC y el PSC nos ha descolocado. Hasta el 30 de julio, nuestro quehacer se centraba en pensar en la reforma del modelo actual, en revisar piezas para resolver problemas [...] Este enfoque gradualista era el del Libro Blanco para la reforma de la financiación autonómica de 2017 y ha sido el de la mayoría de las discusiones técnicas desde entonces. Nuestras fuentes de inspiración eran la literatura académica sobre el federalismo fiscal y la práctica de países como Canadá, Suiza, Alemania, Estados Unidos o Australia. El acuerdo nos sitúa en otra dimensión, nos traslada a un mundo exótico como es el sistema foral", ha explicado.
Hasta aquí, los expertos que habían mantenido la línea oficial. Porque los rebeldes, Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio, están escribiendo tribunas críticas a cuatro manos. Les une el cuestionamiento de la opacidad del cálculo del cupo vasco y los privilegios que supone.
Sólo dos expertos del comité defienden el cupo y es precisamente uno de los ideólogos de la propuesta de financiación de ERC: Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía (UPF) y exconsejero del Banco de España.
La no reforma fiscal
A quien se suma el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, próximo al PSOE, que ha sido designado miembro del grupo que asesora en la implementación del cupo catalán.
Los expertos de Montero están criticando además lo que Hacienda denomina reforma fiscal para intentar que la Comisión Europea lo valide de cara al quinto pago de fondos UE en el Plan de Recuperación. Precisamente se trata del cometido que se les encomendó, escribir un Libro Blanco que sirviera de base para una reforma fiscal que no se ha hecho. Además de la reforma fiscal en sí misma, el hito comprometido con Bruselas estipula que debe hacerse siguiendo lo que este comité recomendó.
El propio Ruiz-Huerta ha declarado a El País que el paquete fiscal que el Gobierno ha incluido en el Proyecto de Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales "no es la reforma" requerida. "Peor" todavía le parece la forma de las medidas y cómo se han tramitado.
