La pugna sigue. El Gobierno lleva varios días provocando al poder judicial, al que sustrae de parcialidad y dibuja como un actor político con intencionalidad. El presidente, Pedro Sánchez, insinuó esta semana que la oposición tiene una conexión directa con buena parte de la judicatura y eso, razonó, permite al PP y a algunos de sus 'fontaneros', como el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, jugar con las "cartas marcadas".
El comentario del líder socialista no sentó nada bien en el órgano de gobierno de los jueces, cuya presidenta, Isabel Perelló, tuvo que salir este viernes a defender a los jueces de las acusaciones de 'lawfare' de Sánchez, que lleva meses repitiendo desde que trascendieron la trama Koldo y las actividades profesionales de su mujer. El Consejo General del Poder Judicial critica que se cuestione "de forma generalizada" a los jueces y se les acuse de tener "sesgos políticos". Pero el equipo del presidente en Moncloa, lejos de rebajar la confrontación, argumenta: "El Ejecutivo puede criticar a los jueces, igual que los jueces critican al Gobierno".
El círculo de confianza del presidente Pedro Sánchez no se esconde en sus críticas: "Que haya separación de poderes no significa que los poderes no puedan interactuar". Sin embargo, los juristas consultados por Vozpópuli se revuelven contra ese planteamiento, asentado en Moncloa, y motor de los señalamientos que destacados miembros del Gobierno llevan meses haciendo de algunos togados, como Juan Carlos Peinado, el juez instructor del caso que afecta a Begoña Gómez, la mujer del presidente.
"El planteamiento es, sin lugar a dudas, malo. El ejecutivo tiene que respetar a los jueces, especialmente porque les controlan en los estados democráticos y dentro de ello no cabe el desprestigio al que este Ejecutivo está sometiendo al Estado de derecho español. Nunca antes había pasado esto en España", sostiene el juez, catedrático de derecho constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, David Ortega. En idéntico sentido se expresa su colega de profesión Agustín Ruiz Robledo.
"No lo comparto. Los jueces, en cuanto jueces, no pueden criticar al Gobierno. Su función es juzgar y ejecutar lo juzgado. Otra cosa es que un ciudadano, que sea juez, critique al Gobierno. Pero lo hará en cuanto ciudadano, no en cuanto juez. Lo mismo ocurre en sentido contrario. El Gobierno no puede criticar las decisiones judiciales, solo tiene que acatarlas. Otra cosa es que un ministro, en cuanto ciudadano, critique una determinada decisión judicial. En cualquier caso, lo mejor es que se mantenga la tradición española de 'el Gobierno no comenta las decisiones judiciales", argumenta el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada.
En la misma línea, y con diversa jurisprudencia europea como base, el magistrado Jesús Manuel Villegas defiende que aunque la libertad de expresión permite que se pueda opinar y criticar a los jueces, el caso es distinto cuando estas consideraciones públicas pueden influir en la labor de los jueces. "No es lo mismo que a mí como juez me critique un periodista a que lo haga un ministro, ya que puede tener un contenido intimidatorio o amenazante, porque los políticos en España, a través del Consejo General del Poder Judicial, pueden influir en los jueces".
Al respecto, el magistrado de la Audiencia Nacional, Luis Alfredo de Diego, recuerda el Plan de acción del Consejo de Europa para reforzar la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial en el que ya aconsejaba tomar medidas para procurar que los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo respeten la autoridad del poder judicial. Entre esas medidas entraba la premisa de que los miembros del Gobierno "se abstengan de críticas públicas inapropiadas, no objetivas o únicamente motivadas en razones políticas respecto de los jueces y de sus decisiones a título individual, así como respecto a la judicatura en general". En este sentido, el Consejo de Europa apoya la implementación en los Estados miembros de programas de formación para concienciar sobre la importancia de la independencia e imparcialidad del poder judicial, "algo que haría falta a nuestros políticos", resalta el juez.
Desde que Pedro Sánchez es presidente, el debate sobre la afronta desde el Ejecutivo a la separación de poderes no ha hecho más que crecer. En ese lapso, el presidente del Gobierno ha situado en algunas de las instituciones más importantes del país a personas dependientes de las órdenes jerárquicas de Ferraz. Esta situación supone una afrenta a su independencia. Quizá una de las más afectadas -y señaladas- sea el Centro de Investigaciones Sociológicas, dirigido por José Félix Tezanos, un antiguo miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.
Pero a esta lista se suman el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, Renfe, RTVE, Efe, Hispasat y Correos. Tampoco se libran algunos de los puestos de representación en el extranjero más jugosos, como las embajadas españolas ante la OCDE, la ONU y la Unesco. Todos y cada uno de estos organismos tiene al frente a un 'colocado' por el presidente del Gobierno.
Ahora bien, la voluntad de Sánchez no puede con todo. La Justicia tiene mucho que decir sobre la partida de ajedrez que el núcleo duro de Moncloa está jugando para que el presidente permanezca al frente del Ejecutivo sin sobresaltos. Y sus movimientos pueden poner en jaque al líder del PSOE. Sánchez afronta el avance de más de una decena de procedimientos en los tribunales que amenazan con poner contra las cuerdas su mandato. Sin olvidar la crisis abierta con el Poder Judicial, al que desde su Ejecutivo se ha señalado y acusado a lo largo de sus mandatos.
Pese a que Sánchez mostró públicamente su voluntad de colaborar con la Justicia en la investigación abierta a su mujer, lo cierto es que sus hechos evidencian lo contrario. Para muestra, la actitud del matrimonio que habita en Moncloa. Ambos, tanto Begoña Gómez como Pedro Sánchez, se querellaron contra Juan Carlos Peinado por prevaricación. Pero las dos querellas fueron rechazadas. De manera que la estrategia que siguen ahora es intentar desprestigiar la causa con gestos nada conciliadores.
Las fuentes consultadas en el núcleo duro de Moncloa se preguntan "si es normal" que los cargos públicos tengan un régimen de incompatibilidades tan estricto mientras que la hija del juez Peinado hace carrera en el PP. Y es que Patricia Peinado milita en las filas de Génova y es concejala de Deportes y Fiestas en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Este vínculo genera controversia y ha derivado en acusaciones de parcialidad por parte del Gobierno, mientras el PP denuncia un supuesto acoso hacia la edil por esta relación familiar.
