Detenido por yihadista, pero expulsado por pedófilo. El Ministerio del Interior deportó el pasado 27 de junio a Abdelkader Ayachine, un ciudadano argelino asentado en Burgos al que la Guardia Civil detuvo en 2007 acusado de liderar una supuesta célula salafista que alentaba la violencia islamista desde internet. Sin embargo, el motivo de su expulsión no han sido finalmente sus supuestas actividades terroristas, de las que la Audiencia Nacional le absolvió el pasado verano, sino una condena anterior por posesión de archivos pornográficos, según confirmaron a este diario fuentes policiales y jurídicas. No es la primera vez que el Gobierno tiene que echar mano de una sentencia por otro delito para expulsar a alguien catalogado por los servicios antiterroristas como "peligroso" y al que la Justicia, sin embargo, había dejado en libertad al considerar que no había pruebas suficientes en su contra.
Ayachine fue absuelto al considerar el tribunal que pese a sus "ideas violencias propias del islamismo radical" no había pasado "del plano del pensamiento al de la acción"
La detención de Ayachine hace cinco años y medio en la carnicería que regentaba en la ciudad castellanoleonesa fue presentada en aquel momento por los máximos responsables del Ministerio del Interior como un golpe importante a las redes de adoctrinamiento del terrorismo islamista. Entonces se aseguró que él y su lugarteniente mantenían contactos con otras células yihadista europeas, y que en su poder se habían incautado numerosos vídeos de claro mensaje salafista. Además, los investigadores aseguraron que durante las pesquisas habían podido constatar que este ciudadano argelino participaba asiduamente en foros y chats en los que, además de verter comentarios y opiniones a favor de la 'guerra santa', se intercambiaba información para la fabricación de explosivos.
Sin embargo, cuando se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional el pasado verano, tres jueces consideraron que las acusaciones no estaban respaldadas por pruebas. De hecho, la sentencia absolutoria fue un jarro de agua fría tanto para los servicios de la lucha antiterrorista como para la Fiscalía, que pedía diez años de cárcel para Ayachine. Los magistrados estimaron que, pese a considerar probado que el ciudadano argelino tenía "ideas violentas propias de un islamismo radical", no había pasado "del plano del pensamiento al de la acción", por lo que estimaron que su actuación no merecía "reproche penal". En el fallo, el tribunal también consideraba acreditado que realizó reuniones en el local comercial que regentaba en las que se visionaron vídeos sobre atentados terroristas y que participaba en foros, aunque estimó que todo ello se produjo en un un ámbito "privado" que eliminaba el componente de "expresión o difusión pública" que requiere el delito de enaltecimiento del terrorismo del que también estaba acusado.
Fuga a Bélgica antes del juicio
Ayaniche, que había pasado tres años en prisión provisional por esta causa y que, incluso, se fugó antes del juicio a Bélgica, de donde tuvo que ser extraditado en 2012, siguió el prisión pese a ser absuelto. El motivo: en 2009 la Audiencia Provincial de Burgos le había condenado a cinco años de cárcel por un delito de corrupción de menores por los 24 archivos pedófilos que la Guardia Civil había encontrado en su equipo informático cuando buscaban vídeos de exaltación de la yihad tras su detención en 2007. El análisis posterior de su ordenador permitió comprobar que también participaba en foros de esta temática y que, incluso, había accedido en más de 200 ocasiones a páginas web de pornografía infantil. De aquella condena, el ciudadano argelino consiguió a finales del pasado mes de junio la libertad condicional.
Sin embargo, el día que salió de prisión, agentes de la Policía le trasladaron inmediatamente al aeropuerto para ser embarcado en el primer vuelo con rumbo a su país natal. Pablo Lucena, el abogado de oficio que defendió a Ayachine en el juicio por terrorismo del que salió absuelto, criticaba ayer a este diario la decisión de su expulsión ya que, aseguró, "la intención de Abdelkader era quedarse a vivir en España, donde llevaban residiendo muchos años. No tiene ningún arraigo familiar en Argelia". Según Lucena, que ya no ejerce como su letrado, Ayachine le había comentado en varias ocasiones que su intención era pedir al Gobierno una indemnización por los tres años pasados en prisión acusado de terrorismo. "Perdió su trabajo y a su familia por una acusación de la que luego fue declarado inocente", recalcaba a este diario el abogado.
El antecedente de los dos chechenos
No es la primera vez que Interior echa mano de acusaciones distintas a la del terrorismo para expulsar a un sospechoso de islamismo radical al que los jueces habían exculpado. El pasado mes de agosto, la Policía detuvo a dos chechenos y un turco en la provincia de Cádiz a los que calificó como "muy peligrosos". Aquellos arrestos, anunciados a bombo y platillo por Jorge Fernández Díaz, ya estuvieron a punto de quedarse en nada a las pocas horas de producirse. De hecho, el juez Pablo Ruz, que fue quien dirigió las pesquisas, dio un ultimatum 48 horas a los responsables policiales para que le presentaran más indicios y más contundentes contra ellos para mantenerlos en prisión. Los expertos antiterroristas tuvieron que recabar informes de servicios policiales de cuatro países para convencer al magistrado de que tomara la medida.
Desde el 11-M , han sido detenidos cerca de medio millar de presuntos yihadistas. Sólo 152 han sido finalmente juzgados. Y, de ellos, sólo un 43% condenados
Finalmente, los dos primeros fueron puestos en libertad el pasado mes de marzo al considerar la Audiencia Nacional que las pruebas obtenidas contra ellos no eran suficientes para mantenerles entre rejas. Interior optó entonces por abrirles un expediente de expulsión de nuestro país por una causa bastante alejada de la que llevó a su arresto: no tener la documentación en regla. Al salir de la cárcel, la Policía estaba experándoles y trasladó a ambos a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) por incumplimiento de la Ley de Extranjería. Allí permanecieron hasta que el Gobierno ultimó el expediente para proceder a su expulsión a Rusia, que les reclamaba por terrorismo.
Basta repasar las estadísticas judiciales para constatar que las discrepancias entre Interior y la Justicia en el terrorismo islamista son más habituales de lo que trasciende. Así, de los aproximadamente 500 presuntos yihadistas que han sido detenidos en España desde los atentados del 11-M hasta finales de 2011, sólo han sido juzgados 152. Una cuarta parte. Del resto, las acusaciones que había contra ellos se diluyeron durante la instrucción del sumario. Además, de los que finalmente se sentaron en el banquilllo de los acusados, un 43% fueron absueltos, según las Memoria de la Fiscalía de los últimos cinco años. Y de los condenados, un número importante lo fueron por delitos que nada tienen que ver con el terrorismo, como la falsificación de documentación.
