El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha obligado a los Ministerios de Trabajo y Economía Social y al de Interior a revelar los datos de las viviendas oficiales -propiedad de la administración pública- en la que residen sus respectivos titulares. Y la información es relevante: de todos los miembros del Ejecutivo que han recurrido a estos inmuebles, hasta 13 si se cuenta al exministro de Sanidad Salvador Illa, el de Yolanda Díaz es el más grande, con 443 metros cuadrados.
Tanto el Ministerio de Trabajo como el de Interior se habían negado a facilitar los datos relativos al tamaño de las viviendas oficiales de sus titulares, Yolanda Díaz y Fernando Grande-Marlaska. Así se habían pronunciado en sendas respuestas a dos solicitudes de información recibidas a través del Portal de Transparencia. Finalmente, seis meses después de que se requirieran estos datos, se han visto obligados a revelarlos tras un ‘ultimátum’ lanzado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y después de que Vozpópuli desvelase las viviendas oficiales de los demás miembros del Ejecutivo.
En total, tal y como detalló este medio, residen en dependencias del Estado -con todos los suministros a cargo de los Presupuestos Generales- 12 de los 22 ministros, además del ex ministro Illa y del presidente del Gobierno. Sin embargo, hasta el momento Díaz y Marlaska eran los únicos que no habían brindado las referencias sobre sus inmuebles.
La vivienda de Yolanda Díaz
En el caso de Yolanda Díaz, la subsecretaría de Trabajo y Economía Social firma una resolución, fechada el pasado 30 de junio, en la que informa de que la vivienda oficial en la que reside Yolanda Díaz tiene 443 metros cuadrados. También que se ubica “en uno de los inmuebles que se emplazan parte de las dependencias administrativas” de este departamento ministerial por "razones de operatividad y seguridad".
No es el único caso en que esto sucede. María Jesús Montero también reside en una “zona privativa” del Ministerio de Hacienda con una superficie útil de 143,9 metros cuadrados. Y Carolina Darias, cuando era titular de Política Territorial y Función Pública, vivía en una casa ubicada en la sede de la Delegación del Gobierno de Madrid de 264 metros.
Pero la vivienda de Yolanda Díaz sí que tiene una peculiaridad frente a las demás. En concreto, su tamaño. Con sus 443 metros, es la más grande de todas las que emplean los ministros del Gobierno. Supera así los 412,8 metros de la vivienda ubicada en el complejo de la Moncloa en la que residió Salvador Illa cuando dirigía Sanidad.
Mientras Yolanda Díaz cuenta con la vivienda oficial más espaciosa de los 13 dirigentes del Gobierno que hacen o han hecho uso de estos inmuebles, Castells dispone de la residencia más reducida, con 144 metros
En tercer lugar está la titular de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que dispone de una vivienda oficial de 320 metros cuadrados. Le sigue la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, que vive en el Palacio de Viana, de 293,03 metros. Por contra, el ministro que dispone de la vivienda más reducida es Manuel Castells, titular de Universidades. En su caso, cuenta con 144,32 metros cuadrados de titularidad pública. El segundo inmueble más pequeño es el de Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública, que cuenta con una vivienda oficial en la capital de 162,64 metros cuadrados.
El caso de Marlaska
El otro ministro que se había negado a ofrecer información sobre su vivienda oficial era Fernando Grande-Marlaska. Tras un requerimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el que le urgía a dar datos sobre el inmueble, el Ministerio del Interior detalla que la superficie útil es de 218,24 metros cuadrados, según la resolución ejecutoria del departamento de Marlaska firmada el 24 de junio.
Pese a que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sólo ha emitido resoluciones contra los departamentos de Trabajo y de Interior, a los que obligó a dar los detalles sobre el patrimonio del Estado del que hacen uso, varios ministerios también pusieron dificultades a la hora de aportar estos detalles. Es el caso de Miquel Iceta, Carolina Darias, Carmen Calvo, José Luis Ábalos o Nadia Calviño, que sólo optaron por facilitar esta información una vez interpuesto un recurso ante este órgano de Transparencia, con el objetivo de evitar una resolución contraria que pusiera en evidencia su incumplimiento en materia de transparencia.
Y es que en la práctica, los distintos departamentos ministeriales optan con frecuencia por sortear las solicitudes de información más incómodas con el fin de evitar la polémica. Es por esta razón que es habitual la praxis en el Gobierno de optar por el 'silencio administrativo', por el que, de no recibir respuesta a una solicitud en los tres meses siguientes a su presentación, se entenderá desestimada.
Así, tratan de dejar 'en letargo' estas peticiones de información y sólo se avienen a contestarlas en los casos en que el solicitante persista interponiendo un recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Un difícil proceso que puede prolongarse durante meses, como ha sucedido con el asunto de las viviendas oficiales, y que ha llevado a que -tal como relató Vozpópuli- se hayan disparado exponencialmente las reclamaciones formuladas contra el Gobierno ante el órgano encargado de velar por la Transparencia.
