El que fuera máximo responsable del departamento de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, ha salido en defensa de los contratos de la eléctrica con José Manuel Villarejo cuando todas las miradas se fijan en la compañía por una posible imputación en la causa. El policía ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional para solicitar que se incorpore a esta pieza concreta del caso Tándem el informe de compatibilidades que elaboró el Ministerio del Interior en relación a los negocios privados del comisario jubilado.
La petición de Asenjo se produce en un momento crucial de esta investigación que ya apunta a la posible responsabilidad penal de Iberdrola por los contratos con el comisario jubilado. Tal y como avanzó este diario, el magistrado Manuel García Castellón suspendió los interrogatorios de Ignacio Sánchez Galán y otros directivos imputados para decidir sobre el futuro procesal de la multinacional vasca. Lo hizo tras apuntar que constataba "indicios" para actuar contra la compañía y después de que la defensa de la empresa recordara a la Audiencia Nacional que es parte perjudicada de la investigación.
Así, mientras el instructor delibera en relación a este punto, Asenjo ha movido ficha para incorporar en la causa el polémico informe sobre los negocios privados que firmó en 2015 el inspector de Policía, José Ángel Fuentes Gago. Así lo recoge en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli en el que recuerda que su imputación en esta pieza lo es por delito de cohecho por el supuesto conocimiento que tenía de que el espía estaba en activo mientras, en paralelo, acometió trabajos de inteligencia para bancos, empresas del Ibex y partidos políticos.
De hecho, la gran mayoría de imputados en esta macrocausa Tándem lo es precisamente por este tipo penal. Por eso, y en aras a tratar de desmontar esta imputación, importantes cargos de firmas como BBVA, Repsol, CaixaBank o la propia Iberdrola que han desfilado por la Audiencia Nacional por sus encargos al Grupo Cenyt han insistido en que no tenían ni idea de que Villarejo estaba en activo en la Policía Nacional. Otros, como la propia María Dolores de Cospedal apuntaron que pensaban que estaba en excedencia, tal y como expuso la semana pasada en sede judicial.
Documento clave
El objetivo es evitar el delito de cohecho activo que los investigadores les imputan al considerar que se beneficiaron de que Villarejo estaba en activo y de sus contactos en la Policía. El espía se valió de datos confidenciales que le ayudaron en sus trabajos (por los que amasó más de 20 millones de euros). Ahora Asenjo se desliga de esta tesis y actúa para que el polémico informe elaborado en abril de 2015 por Fuentes Gago (imputado en esta causa por el espionaje a Luis Bárcenas) figure también en la pieza.
En concreto, solicita que se incluya a esta línea de investigación si el documento ya figura en la causa. En caso contrario, reclama que se solicite a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, unidad de la dependía el comisario. Asenjo recuerda que este papel sí figura en otros procedimientos en los que también se vio salpicado Villarejo, como es el relativo al del pequeño Nicolás que se investigó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid.
"El citado Informe refleja la posición oficial del Ministerio de Interior sobre el particular, sin que conste que el mismo, su contenido, haya sido concernido por sentencia penal firme. El conocimiento de esa posición ayudará, sin duda, a confirmar la hipótesis criminal atribuida a mi representado o a desvanecer su solidez, caso de que no medie obligación jurídica de conocer tal incompatibilidad por parte de particulares ajenos a la relación funcionarial del citado excomisario", reza el escrito.
Responsabilidad del Estado
Asenjo abre la puerta también a dilucidar la responsabilidad que tendría el Estado en estos hechos si el informe de Interior corroborase la compatibilidad de Villarejo. Para ello alude al artículo 121 del Código Penal que determina que la Administración debe responder por los daños causados por funcionarios, siempre que el delito esté relacionado con la función que tenía asignado. Al respecto cabe recordar que el espía siempre ha defendido que la Policía y el CNI eran conocedores de sus actividades privadas, una tesis que reiteró en su juicio contra el exdirector de 'La Casa', Félix Sanz Roldán y que éste desmintió.
Incluso algunos acusados, como es el caso de Adrián de la Joya (imputado en la pieza cuarta de Tándem) solicitó que se incorporaran tres misivas firmadas por los últimos DAO en relación con los negocios del comisario. Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino estamparon en tres cartas que la Policía no solo sabía de la existencia de su entramado empresarial sino que incluso se valió de él para impulsar algunas investigaciones públicas. En su declaración en sede judicial suavizaron estas manifestaciones aunque Linares confirmó que el exministro del Interior José Luis Corcuera autorizó la vuelta a la Policía de Villarejo en 1993.
El precedente de Repsol y Caixa
El comisario estuvo en excedencia entre 1983 y 1993, año en que volvió a trabajar para el entonces DAO. El espía, que en marzo salió de Estremera tras tres años y medio en prisión, siempre ha defendido que trabajó para gobiernos de uno y otro color y que algunos de los mandos policiales incluso desfilaron por las oficinas del Grupo Cenyt en Torre Picasso. De ahí la trascendencia de este documento sobre la compatibilidad de Villarejo y sobre la que se pronunció su autor Fuentes Gago en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril.
El inspector -a quien Villarejo atribuye la autoría del famoso informe PISA contra Podemos- dijo que elaboró el documento de compatibilidad administrativa del comisario porque se lo ordenó el DAO (Pino). Fuentes Gago reconoció que concluyó que su actividad no suponía "un menoscabo estricto al cumplimiento de sus deberes", pero también admitió que contó con información "muy limitada" para redactar este escrito que ahora se antoja clave en la macrocausa.
A falta de conocer la resolución del magistrado García Castellón a la petición de Asenjo, lo cierto es que se está produciendo una situación pareja en la investigación abierta en la pieza 21 que salpica a Repsol y Caixa por los encargos al comisario. En este caso fue el instructor el que reclamó en un auto del pasado 27 de mayo recogido por este diario que se incorporara a dicha pieza 21 todas las fuentes de prueba relativas a la situación administrativa de Villarejo "así como la no constancia de solicitud de compatibilidad".
