Los trabajadores de los autobuses urbanos de Zaragoza cumplen cien días de paros parciales y se han convertido en protagonistas del conflicto laboral más importante que han tenido que afrontar los nuevos ayuntamientos surgidos de las elecciones de mayo de 2015.
El alcalde de Zaragoza en Común (Zec) Pedro Santisteve, quien ha emplazado reiteradamente a empresa y trabajadores a negociar, ha acusado al comité de huelga esta semana de chantaje y coacciones, tras la "acampada" de protesta que llevaron a cabo en el Área de Movilidad para exigirle que intervenga en la solución del conflicto. Los vecinos de la capital aragonesa llevan desde el 10 de diciembre sufriendo una huelga (de 09.00 a 11.30 horas y de 18.00 a 20.30 horas) con unos servicios mínimos que han pedido aumentar los partidos de la oposición y que el alcalde sólo modificó para obligar a los conductores a terminar el trayecto.
Los grupos municipales han reclamado al alcalde que deje de mirar para otro lado e intervenga, como lo hizo la alcaldesa de Barcelona con la huelga del metro, para poner fin a un conflicto que pierde 60.000 usuarios al día, según ha reconocido la concejala delegada de Movilidad, Teresa Artigas.
Los grupos municipales reclaman al alcalde que deje de mirar para otro lado e intervenga, como lo hizo la alcaldesa de Barcelona con la huelga del metro
Negociaciones
Esta última semana se han acelerado las negociaciones entre los trabajadores y la dirección de Auzsa, la empresa de Avanza (a su vez propiedad de la multinacional mexicana ADO) que tiene adjudicada la gestión del servicio de los autobuses hasta 2023, pero cuando parecía que sólo quedaban unos "flecos" sigue sin haber pacto. El gerente de Auzsa, Manuel Ramo, ha dicho que un escollo en la negociación del nuevo convenio es la cláusula de revisión salarial, en la que se reconoce un aumento del 4 por ciento con modificación al alza en caso de que en el último año de vigencia el IPC suba y que la empresa pretende que también se aplique a la baja, en caso de que sea negativo.
El presidente del comité de empresa, Javier Anadón, por su parte ha acusado a la empresa de decir una cosa al Ayuntamiento y otra distinta en la mesa de negociaciones, a la que ha emplazado a incorporarse a una representación del consistorio. Mientras, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha convocado concentraciones para pedir el fin de los paros, que afectan sobre todo a las zonas más alejadas del centro de la ciudad, y el alcalde ha reiterado que no le van a marcar la agenda y que el conflicto laboral deben resolverlo sólo ambas partes.
Santisteve, quien llegó a asistir a una asamblea de huelguistas, ha defendido la "firmeza" del ayuntamiento y ha enfatizado que el conflicto no se va acabar "ni municipalizando" el servicio, como han reclamado los trabajadores, "ni poniendo un euro encima de la mesa". "Es muy fácil presionar a un Ayuntamiento en un servicio esencial para que al final termine frente a la presión de los ciudadanos, que creen se puede intervenir "manu militari en un conflicto para solucionarlo. No podemos", ha declarado en las últimas horas.
El ayuntamiento no va a intervenir "ni poniendo dinero, ni municipalizando", ha remarcado el alcalde, quien ha reconocido que esta posición quizá haya "supuesto probablemente un descoloque" a las partes, que terminan por "escenificar un conflicto" para "sacarle las perras al Ayuntamiento. Pues no", ha sentenciado.
Este conflicto laboral se desarrolla mientras un juzgado de Zaragoza ha admitido a trámite una querella para que investigue si se ajustó a derecho el polémico pago, pocos días antes de tomar posesión la nueva corporación, de 2,1 millones de euros a Auzsa para que pudiera aplicar un expediente de extinción de empleo en 2013 que afectó a 153 trabajadores. El comité de huelga y la empresa se han citado de nuevo hoy después de que anoche terminara sin acuerdo la última reunión.
